Guareña durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Juan Ángel Ruiz Rodríguez

Cronista Oficial de la Villa de Guareña

El presente estudio está enmarcado en un tiempo muy concreto: el periodo que va desde mediados de septiembre de 1923 hasta finales de enero de 1930. Un tiempo en el que el jefe del Estado seguía siendo el rey Alfonso XIII y en el que el Ejército, una vez más en la historia de España, se sintió legitimado para acabar por la fuerza con el sistema constitucional surgido en 1876. Nacía así la dictadura de Primo de Rivera, que actualmente algunos han calificado como «un intento de modernización autoritaria»[3] y cuyos objetivos principales, según el manifiesto publicado por el dictador el 13 de septiembre de 1923, estaban dirigidos a sacar a España del atraso económico, a la vez que buscaba regenerar la política mediante la eliminación del caciquismo, dando un mayor protagonismo a las «clases medias». Durante este tiempo, en el que la economía marchó bien hasta 1929, se redujeron las alteraciones del orden público, se produjo un incremento demográfico notable y se consiguió poner fin a la guerra que España mantenía en Marruecos desde principios de siglo con las tribus del Rif.

1. Guareña en vísperas de la Dictadura de Primo de Rivera

Guareña comenzó el siglo xx con una población de hecho de 6.731 habitantes, registrándose un incremento demográfico de manera lenta, pero constante, hasta 1930 en que alcanzaría la cifra de 8.924 habitantes, a pesar de la crisis de mortalidad que supuso la pandemia de gripe de 1918. La gripe fue responsable de un aumento del 50% en los óbitos que se venían registrando en Guareña desde principios de siglo y se cobró la vida de 42 personas, la mayoría con edades comprendidas entre los 25 y 44 años. En esas tres primeras décadas de la centuria, por tanto, Guareña experimentó un aumento de 2.193 personas, lo que significa un incremento del 32,58%.

El crecimiento natural (diferencia entre la natalidad y la mortalidad) en Guareña fue positivo durante el primer tercio del siglo XX, con excepción del año 1918. Si centramos nuestra atención en los años de la dictadura de Primo de Rivera llegamos a la conclusión de que el crecimiento de la población fue constante, siendo más elevado en los años finales de la dictadura, como consecuencia de un descenso de la tasa de mortalidad (fruto de las mejoras sanitarias y de condiciones de vida) y un mantenimiento, e incluso ascenso, de la de natalidad.

Se trataba de una localidad donde la mayoría de su población se dedica al sector primario, y en la que existía un notable desequilibrio en la tenencia de la tierra, con un elevado grado de concentración de la propiedad, por lo que eran visibles diferentes niveles patrimoniales, desde grandes hacendados, algunos de ellos absentistas y pertenecientes a la nobleza nacional, pasando por propietarios locales con niveles altos de riqueza que convivían con un elevado colectivo de pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. Estos últimos, con unos bajos niveles de vida y de renta, sometidos al ciclo agrícola, sufrían largos periodos de paro estacional que, en algunas ocasiones, provocaron algunos desórdenes y conflictos, especialmente en los últimos momentos de la dictadura primorriverista y durante la Segunda República.

En el término de Guareña, con una superficie de 22.278 ha, la presencia del latifundio desde tiempos medievales era una de las señas de identidad de su estructura agraria, junto con la existencia de un importante colectivo de pequeños propietarios y jornaleros. Cuando la dictadura primorriverista finalizaba, la riqueza rústica de Guareña seguía presentando un claro desequilibrio entre los diferentes grupos de propietarios, como si nada se hubiera modificado. El colectivo de pequeños propietarios suponía el 92% del total, aunque solamente acaparaban el 23,2% de la riqueza imponible; por el contrario, los grandes propietarios, esos que hemos calificado como pertenecientes a la «oligarquía agraria», aunque escasos en número, reunían en sus manos más del 60% de la riqueza imponible.

Uno de los aspectos sociales más significativos de Guareña durante el reinado de Alfonso xiii radica en el elevado nivel de analfabetismo, algo que no era exclusivo de nuestra localidad, ya que los niveles de alfabetización en todo el país eran muy bajos, debido, mayormente, a los bajos índices de escolarización. Cuando se iniciaba el siglo xx casi ¾ partes de la población no sabía leer ni escribir, manteniéndose en porcentajes superiores al 50% de analfabetos durante las tres primeras décadas de la centuria. Por eso, una de las principales preocupaciones de los regidores municipales durante el periodo estudiado fue la creación de escuelas públicas.

La incidencia del analfabetismo era mayor en el colectivo de mujeres que en el de hombres. Durante la dictadura de Primo de Rivera la Corporación local tuvo muy presente la enseñanza y, por eso, la creación de grupos escolares se convirtió en uno de los principales proyectos. Fruto de ese interés por mejorar la situación en la que se encontraba la enseñanza en la localidad fue la creación de los grupos escolares de «San Gregorio» y de «San Ginés».

Por lo que respecta a la política local, hay que destacar que según la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, que estuvo vigente hasta el 8 de marzo de 1924 en que fue aprobado el Estatuto Municipal, en todo término municipal debía haber un Ayuntamiento y una Junta Municipal. El gobierno de la localidad estaba encomendado al Ayuntamiento, compuesto de concejales divididos en tres categorías: alcalde, tenientes de alcalde y regidores. La Junta Municipal, por su parte, estaba compuesta por todos los concejales del Ayuntamiento y de un número de vocales asociados igual al de concejales. Se trataba de un órgano importante porque, entre otras funciones, tenía el cometido de la censura y aprobación de los presupuestos municipales, así como el establecimiento de arbitrios.

Pues bien, atendiendo al número de habitantes de Guareña, que según el Censo de 1920 tenía una población de hecho de 8.335 personas, el Ayuntamiento debía estar formado por el alcalde, tres tenientes de alcalde y once regidores, con lo que el total de la Corporación la formaban quince personas, que se renovaban cada dos años. El municipio estaba dividido en siete secciones y a cada una de ellas se designaba el número de vocales asociados que correspondían en proporción al importe de las contribuciones que pagaban.

Hasta abril de 1923 estuvo de alcalde Joaquín Murillo Pizarro[5], un rico propietario agrario perteneciente a la «oligarquía local», gran contribuyente, que volverá a formar parte de la Corporación municipal tras la dimisión de Primo de Rivera. Fue sustituido en el cargo por otro propietario, Carlos Amador García[6], que se mantuvo hasta octubre de ese mismo año, pocas semanas después de iniciarse la dictadura de Primo de Rivera.

Para la mejor gestión del Ayuntamiento existían seis comisiones permanentes, nombrándose tres concejales para cada una de ellas: Ornato y Obras públicas: Carlos Amador García, Cándido Román Silos y Juan López Gutiérrez; Abastecimientos: Carlos Amador García, Juan Gutiérrez Jiménez y Francisco Cortés Retamar; Instrucción y corrección pública: José María Mancha Lemus, Marco de los Llanos Trabado y Antonio Angulo Carvajal; Hacienda: José María Mancha Lemus, Enrique Malfeito Cabrera y Juan López Gutiérrez; Propios y Arbitrios: Juan Gutiérrez Jiménez, Francisco Cortés Retamar y Antonio Angulo Carvajal; Beneficencia y Sanidad: Enrique Malfeito Cabrera, Marco de los Llanos Trabado y Cándido Román Silos.

Cuadro 2. Corporación municipal previa al golpe de Estado

Alcalde	Carlos Amador García
Primer teniente de alcalde	José María Mancha Lemus
Regidor	Pedro Román González
Regidor	Eladio Bote Barrero
Regidor	Marco de los Llanos Travado
Regidor	Cándido Román Silos
Regidor	Juan López Gutiérrez
Regidor	Francisco Cortés Retamar
Regidor	Antonio Angulo Carvajal
Regidor	Pedro Retamar Olivas
Regidor	Enrique Malfeito Cabrera
Regidor	Juan Gutiérrez Jiménez
Regidor	Eduardo Cortés Villalobos
Regidor	Manuel Amador Villa
Regidor	Juan Herrera Mancha

Por estas fechas, mediados de mayo de 1923, una de las principales preocupaciones de la Corporación municipal estaba relacionada con la enseñanza pública. Así, el alcalde manifestaba al pleno la necesidad de construir edificios para las «escuelas nacionales» por ser deficientes los que en esos momentos había. La Corporación aprobó, por unanimidad, solicitar al Ministerio de Instrucción Pública la construcción de dos edificios para escuelas graduadas, uno para niños y otro para niñas, de seis grados cada una. Y en cuanto al solar que había de ser ofrecido al Estado y las aportaciones que hubieran de hacerse, se acordó que la comisión de Instrucción Pública estudiase y propusiera lo más conveniente. Vemos, por tanto, que antes de la dictadura de Primo de Rivera desde el Ayuntamiento de Guareña ya se trató la cuestión de mejorar el acceso a la enseñanza con la construcción de nuevos grupos escolares que, como veremos más adelante, se convirtieron en una realidad en los años finales de la década. Y es que, según el Real Decreto de 17 de diciembre de 1922, los Ayuntamientos estaban obligados a «instalar y conservar las Escuelas nacionales de Primera Enseñanza (…), y a proporcionar a sus Maestros vivienda capaz y decorosa», pero si el Ayuntamiento no disponía de recursos debía solicitar la construcción de las escuelas al Ministerio de Instrucción Pública.

Otra de las realizaciones que se llevaron a cabo en 1923 fue la construcción del matadero municipal, bajo la dirección del maestro de obras Victorino Cruz Durán. Unas obras que finalizaron en el mes de octubre. El matadero fue ampliado posteriormente, en tiempos de la Segunda República, en el año 1933.

2. El golpe de Estado de Primo de Rivera

A lo largo del reinado de Alfonso xiii (1902-1931) la inestabilidad política fue una de las notas características, pero será a partir de 1917 cuando la monarquía alfonsina entre en una profunda crisis que influirá decididamente en su final. Tras la conclusión de la I Guerra Mundial, en la que España fue neutral, en el contexto de la denominada «crisis de 1917» aumentó el movimiento huelguístico en todo el país, con una huelga general motivada principalmente por la insoportable inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras, al tiempo que aumentó el enfrentamiento entre patronos y obreros dando lugar a eso que se calificó como «pistolerismo», que marcaría una etapa de violencia extrema y donde tampoco faltaron los ruidos de sables con el movimiento de las Juntas Militares de Defensa. La incapacidad del Gobierno para dar solución a los graves problemas planteados en el país concedió gran protagonismo a los militares que, como había sido costumbre en este país durante el siglo xix, volvió a implicarse en la política. De esta manera, el Ejército se convirtió en un pilar fundamental de la monarquía alfonsina y del propio Gobierno que, entre otras cosas, lo necesitaba para hacer frente al problema social planteado en el país.

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera daba un golpe de Estado en Barcelona que ponía fin al gobierno de concentración liberal de Manuel García Prieto, aunque lo más significativo fue que contó con la aprobación del rey Alfonso xiii[7]. La mayor parte de la sociedad española reaccionó con bastante indiferencia, seguramente, esperanzados en que el nuevo régimen pondría fin a la crisis general que se vivía en España. Con un sistema parlamentario desgastado, con las terribles consecuencias que trajo el «desastre de Annual» de 1921, junto con los numerosos desórdenes públicos que se sucedían por todo el país, los rumores de un golpe militar estaban cada día más presentes.

Según el manifiesto publicado por el dictador en ABC el 14 de septiembre dirigido «Al País y al Ejército», el golpe estaba justificado para salvar a la Patria «de los profesionales de la política (…) que amenazan a España con un próximo fin tráfico y deshonroso». En su proclama Primo de Rivera, marqués de Estella, aludía a la provisionalidad de un régimen que pretendía extirpar los males del país, aunque tal provisionalidad no fue tal, puesto que después se prolongaría durante siete años su estancia en el poder, conformando de esta manera una dictadura militar de corte personalista y autoritaria. La hora del «cirujano de hierro» que en otros tiempos algunos reclamaron, había llegado.[8]

En Extremadura, el 19 de septiembre, el general de brigada Alfredo Martínez Peralta, encargado del mando de la 2ª División y gobernador militar accidental de Badajoz declaraba el estado de guerra en toda la provincia, así como la censura de prensa, al tiempo que reclamaba orden y tranquilidad a los ciudadanos, evitándole tener que emplear «mano dura».

La única referencia que en estos momentos encontramos en Guareña referida al nuevo periodo que se abría en España la tenemos en el pleno celebrado el 25 de septiembre, cuando el concejal Pedro Román González propuso y la Corporación acordó por unanimidad «adherirse al nuevo régimen» con el objetivo de «salvar la Patria y la Monarquía», disponiendo que se comunicase dicho acuerdo al gobernador civil de la provincia. Sería la última sesión celebrada por la Corporación ya que la siguiente, que tuvo lugar el 1 de octubre, tuvo carácter extraordinario y donde se trató del nombramiento del nuevo Ayuntamiento.

2.1. Directorio Militar (1923-1925)

Constituido el día 15 de septiembre, fue el primer periodo de la dictadura en el que el Gobierno estaba formado exclusivamente por militares y cuya función era, básicamente, la de asesorar al dictador. Algunas de las primeras medidas de Primo de Rivera, además de declarar el estado de guerra (vigente hasta 1925), fue suspender la Constitución de 1876, la disolución del Parlamento y la ilegalización de los partidos políticos y organizaciones obreras. Entre los principales objetivos fijados estaban solucionar el conflicto con Marruecos, recuperar el orden público y llevar a cabo una reforma político-administrativa del Estado. Pocos días después del golpe de Estado surgían nuevas instituciones como el Somatén, en septiembre, que se trataba de una milicia armada formada por civiles que se creó en todas las provincias; la Unión Patriótica, en noviembre, como partido único; y delegados gubernativos en cada partido judicial.

Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares, con amplias competencias en el mantenimiento del orden público, al tiempo que surgieron los delegados gubernativos, lo que denotaba el afán centralista del nuevo régimen. El primer gobernador civil de la provincia de Badajoz fue el general de brigada Alfredo Martínez Peralta, que ocupó el cargo entre el 15 de septiembre de 1923 y el 13 de abril de 1924, siendo sucedido por once gobernadores civiles hasta enero de 1930. El que más tiempo desempeñó el puesto fue Luis Lossada Ortiz de Zárate que se mantuvo durante un año y ocho meses. A nivel provincial se nombraron tres delegados gubernativos a principios de diciembre, todos ellos procedentes del Ejército: Almendralejo (Enrique Martínez Herranz); Mérida (Luis Baeza Martínez) y Don Benito (Ramón Donoso-Cortés Navarro), este último era del que dependía Guareña, por pertenecer a dicho partido judicial. El teniente coronel de Infantería Ramón Donoso-Cortés, que consiguió recompensas por su participación en la guerra de Cuba, pertenecía a una rica familia dombenitense emparentada con el político Juan Donoso-Cortés.

Las Diputaciones Provinciales vieron cómo los diputados eran removidos de sus puestos, nombrándose diputados interinos a partir de enero de 1924. Los Ayuntamientos, por su parte, fueron disueltos a finales de septiembre y en su lugar se crearon Juntas de Vocales Asociados designados entre los mayores contribuyentes de cada localidad. El marco jurídico que regía la vida de los Ayuntamientos quedó fijado en el Estatuto Municipal, aprobado en marzo de 1924, con la intención de llevar a cabo una renovación política. Todo apuntaba al intento del dictador de acabar con el caciquismo aunque, como sucedió en muchos lugares, lo que realmente se produjo fue la sustitución de unas personas por otras, pero sin acabar de raíz con el secular sistema clientelar. Y esto fue posible porque, aunque se aprobó el Estatuto Municipal, realmente nunca llegó a aplicarse, por la sencilla razón de que no se celebraron elecciones municipales.

A nivel político Primo de Rivera aplicó una política represiva, con la persecución de los anarquistas de la CNT, prohibición de la prensa obrera y la declaración de ilegalidad de los comunistas del PCE. Se prohibieron las manifestaciones y huelgas, con lo que desde el punto de vista estadístico se produjo una reducción considerable de los conflictos laborales. Sin embargo, el régimen autoritario implantado por el marqués de Estella ha sido visto hasta no hace mucho tiempo con cierta benevolencia, seguramente, por algunos de los hechos positivos que tuvieron lugar durante aquel periodo. Un tiempo, los «felices años veinte», que se desarrolló en un contexto mundial de ciclo económico expansionista que, en el caso español, trajo una mejora económica, el fomento de las obras públicas, el final del conflicto marroquí y, de cara al exterior, las fastuosas exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla de 1929, ya en el ocaso de la dictadura.

Entre la legislación laboral y la política social llevada a cabo por el dictador en esta primera etapa destacan la prohibición del trabajo nocturno de la mujer, la puesta en marcha de tibias medidas asistenciales y ligeras mejoras en las condiciones laborales. Fomentó la construcción de viviendas obreras en las grandes ciudades y llevó a cabo una notable política de obras públicas que, entre otras consecuencias, redujo el paro obrero. Algunas de estas medidas concedieron a Primo de Rivera cierta popularidad, con lo que si en un principio había planteado el Directorio como algo temporal, cambió en su planteamiento y decidió continuar en el poder modificando su composición.

2.2. Directorio Civil (1925-1930)

El 3 de diciembre de 1925 el Directorio Militar fue sustituido por otro Civil, presidido también por Primo de Rivera, compuesto por cuatro militares y siete civiles. En este periodo el marqués de Estella abogó por la creación de un partido único, la Unión Patriótica que, más que un partido, terminó convirtiéndose en un grupo de presión sobre el Gobierno.

La oposición política cuestionaba la falta de libertades y la censura. Los republicanos se reorganizaron en torno a Alianza Republicana, llevando a cabo una activa campaña de desprestigio de la dictadura primorriverista. La oposición obrera, especialmente de los anarquistas de la CNT, consiguió gran protagonismo y en 1927 constituyó la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El PSOE, por su parte, comenzó un tibio acercamiento a las posiciones republicanas que intentaban no sólo poner fin a la dictadura, sino sustituir la monarquía alfonsina por un régimen republicano.

Primo de Rivera también tuvo que hacer frente a algún movimiento de oposición en los años centrales de su dictadura. A partir de 1926 se puso de manifiesto la aparición de diversos intentos de derrocar al dictador. Así, por ejemplo, tenemos el pronunciamiento militar de 1926, conocido como «sanjuanada» o la huelga de universitarios de 1929.

La crisis de 1929, con la devaluación de la peseta, la huida de capitales y el déficit de la balanza de pagos, con terribles consecuencias para obreros y campesinos, fue el escenario en el que el dictador decidió hacer una consulta a los capitanes generales para saber si contaba con su apoyo. Primo de Rivera, convencido de que se encontraba solo y que en el Ejército no había unidad favorable a su figura, decidió presentar al rey su dimisión el 28 de enero de 1930, autoexiliándose en París. La dictadura de Primo de Rivera había finalizado, eran tiempos de volver a la monarquía constitucional aunque, como es sabido, la monarquía alfonsina se encontraba tremendamente debilitada y, es probable, que una buena parte de la sociedad y de los partidos políticos constitucionales no se habían olvidado del apoyo dado por el monarca al dictador en 1923. El final de la monarquía de Alfonso XIII estaba cerca.

¿Qué repercusiones tuvo el golpe de Estado y la dictadura de Primo de Rivera en Guareña?

3- Liquidación del Ayuntamiento: Junta de Vocales Asociados

El Real Decreto de 30 de septiembre de 1923, publicado en la Gaceta del día 1 de octubre, anunciaba el cese de los alcaldes y concejales de los Ayuntamientos de toda España que debían ser reemplazados por miembros de las Juntas de Vocales Asociados, integradas por contribuyentes, de diferentes niveles, elegidos por sorteo. Al día siguiente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz el gobernador civil Martínez Peralta comunicaba la orden haciendo hincapié en la necesidad de acabar con la «política partidista y caciquil» de los pueblos, a esa a la que el dictador se refirió en alguna ocasión como «vieja política».

A partir de este momento se debían reemplazar a los concejales electos por Vocales Asociados en Guareña. En sesión extraordinaria[11] de 1 de octubre de 1923 el secretario del Ayuntamiento, Juan Durán Palomar, hacía constar que a las once y media de la mañana de ese día se había personado en las Casas Consistoriales el jefe de la Línea de la Guardia Civil de Guareña, Manuel Guzmán Álvarez, quien le ordenó, en virtud de orden superior, que tenía que citar por papeleta para las 16:00 horas a los concejales que en esos momentos componían la Corporación y vocales de la Junta Municipal con el fin de celebrar sesión extraordinaria para dar cumplimiento al citado Real Decreto de 30 de septiembre de 1923.

A la hora fijada, el guardia civil ocupó la presidencia, asistiendo doce de los catorce concejales, ya que faltaban el alcalde Carlos Amador Villa y Antonio Angulo Carvajal. Estuvieron presentes: José María Mancha Lemus, Pedro Román González, Pedro Retamar Olivas, Enrique Malfeito Cabrera, Juan Gutiérrez Jiménez, Cándido Román Silos, Eduardo Cortés Villalobos, Eladio Bote Barrero, Manuel Amador Villa, Juan Herrera Mancha, Francisco Cortés Retamar, Marco de los Llanos Trabado y los vocales asociados Plácido González Garrido, Juan Jaque Llanos, Francisco Pozo Solís, Alfonso Merino Lozano y Francisco Durán Mancha. Siendo las 16:25 horas y no estando la totalidad de las personas por encontrarse los restantes en sus ocupaciones agrícolas, el guardia civil dispuso que se convocase nuevamente al Ayuntamiento y vocales asociados para las 21:00 horas.

A las 21:00 horas se reunían en el Ayuntamiento bajo la presidencia del jefe de Línea de la Guardia Civil los concejales que componían el Ayuntamiento, a excepción de Carlos Amador García, que estaba de viaje en Mérida, y Antonio Angulo Carvajal que se encontraba en Granada, asistiendo también todos los vocales asociados a excepción de Demetrio Cáceres Barrero que se encontraba ausente del pueblo. Acto seguido el secretario leyó el artículo 1º del Real Decreto del presidente del Directorio Militar por el cual se ordenaba que desde el día de la publicación del citado Decreto cesaban en sus funciones, finalizando su cometido, todos los concejales de los Ayuntamientos de España, debiendo ser reemplazados interinamente por los vocales asociados. Por ello, el jefe de Línea declaró posesionados en el cargo de concejales a los quince vocales asociados, cesando en sus cargos y abandonando sus puestos los concejales que componían la anterior Corporación, con lo que se daba por finalizada la primera parte de la sesión.

A continuación, constituido el Ayuntamiento con los nuevos concejales, se procedió en votación secreta a la elección de alcalde-presidente, no sin hacer constar previamente que entre los concejales no había ninguno que tuviera «título profesional» ni que ejerciese «industria técnica o privilegiada», por lo que se haría entre los mayores contribuyentes. Resultó elegido Demetrio Cáceres Barrero, que se encontraba ausente, por doce votos contra uno que obtuvo Plácido González Garrido y otro de Bernardino Nieto Llanos. Seguidamente se procedió a la elección de tres tenientes de alcalde, resultando elegidos para primer teniente de alcalde Plácido González Garrido por cinco votos contra tres que obtuvo Casimiro Sosa García, dos Bernardino Nieto Llanos, dos Francisco Pozo Solís, uno Juan Jaque Llanos y otro Francisco Durán Mancha. Para segundo teniente de alcalde resultó elegido Casimiro Sosa García y para tercero Antonio Sosa Rodríguez. Luego se procedió a la elección de regidor síndico, resultando elegido Juan Jaque Llanos. Para síndico suplente se eligió a Severiano Robles Román. Por último, se procedió a la elección de regidor interventor, resultando elegido, después de varias votaciones de desempate, Francisco Durán Mancha, aunque poco tiempo después, por incompatibilidad, al ser recaudador de impuestos municipales, fue sustituido por Ildefonso Merino Lozano.

Cuadro 3. Primera Corporación de la dictadura de Primo de Rivera

Alcalde	Demetrio Cáceres Barrero
Primer teniente de alcalde	Plácido González Garrido
Segundo teniente de alcalde	Casimiro Sosa García
Tercer teniente de alcalde	Antonio Sosa Rodríguez
Regidor primero	Bernardino Nieto Llanos
Regidor segundo	Severiano Robles Román
Regidor tercero	Juan Antonio Monago Palomar
Regidor cuarto	Manuel Palma Serrano
Regidor quinto	Ángel Carrasco Silos
Regidor sexto	Francisco Pozo Solís
Regidor séptimo	Lucas Barrero Lozano
Regidor octavo	Fermín Pérez Retamar
Regidor noveno	Alfonso Merino Lozano
Regidor décimo	Francisco Durán Mancha (interventor) Sustituido por Ildefonso Merino Lozano
Regidor undécimo	Juan Jaque Llanos (síndico)

El nuevo alcalde, Demetrio Cáceres Barrero, era un destacado propietario local. Había nacido el 22 de abril de 1879 en el domicilio familiar de la calle Pajares número 9. Era hijo de Damián Cáceres Suárez de Figueroa[12], natural de Villagonzalo, y de Juana Barrero Cortés, que lo era de Guareña, hija de Nicolás Barrero y Damiana Cortés. Estaba casado con Concepción Godoy Suárez de Figueroa, natural de Villagonzalo, en cuya localidad contrajeron matrimonio el 21 de marzo de 1928[13]. Falleció el 13 de abril de 1931, a los 51 años, en su domicilio de la calle Pajares.[14]

En el primer pleno celebrado por la Corporación se acordó que las sesiones ordinarias, como hasta entonces, se celebrasen todos los domingos a las once de la mañana, aunque a las pocas semanas se decidió trasladar las sesiones a las 21 horas de los sábados. Para una mejor organización acordaron dividir el Ayuntamiento en siete secciones.

El 2 de octubre de 1923 se celebró sesión plenaria en la que se llevó a cabo el reparto de las distintas comisiones. De esta manera se puso en marcha el primer Ayuntamiento primorriverista de Guareña, compuesto en su totalidad por vocales asociados de la Junta Municipal de 1923. Hay que recordar que a través de la Junta de Vocales Asociados los mayores contribuyentes podían ejercer su influencia en los pueblos. Así que, si uno de los grandes objetivos de Primo de Rivera era acabar con el caciquismo y las redes clientelares existentes, sobre todo, en las zonas rurales, entendemos que con esta medida poco contribuyó a conseguir tal fin. Por eso, algunos autores se han referido al hecho de que los nuevos Ayuntamientos resultaron ser iguales a los viejos, ya que los vocales asociados formaban parte de la misma clase social y económica que los cesados.[15]

El 29 de diciembre de 1923 se trató de la petición hecha por el jefe de Línea del cuartel de la Guardia Civil de Guareña solicitando mejoras en el edificio porque no reunía las condiciones mínimas. Desde el Ayuntamiento se le contestó diciendo que se habían invertido recientemente 500 pesetas en reformas y que en estos momentos no estaban en condiciones de proporcionar otro edificio. Ya en la sesión de 19 de agosto de ese mismo año la Corporación trató acerca de la conveniencia de adquirir un edificio para casa-cuartel, para lo que acordaron contactar con el dueño del edificio que en esos momentos ocupaba la Guardia Civil ya que había mostrado interés en su enajenación.

Según el Estatuto Municipal de 1924, en cada municipio debía constituirse una Comisión de evaluación de la parte real del repartimiento y otra Comisión de la parte personal. En el caso de Guareña, al existir dos parroquias, fue necesario crear dos comisiones de la parte personal. La Comisión de la parte real del repartimiento estaba formada por los tres mayores contribuyentes, domiciliados en Guareña, de la contribución por riqueza rústica, urbana y por contribución industrial y de comercio. Los vocales natos de las Comisiones de evaluación de la parte personal eran el cura párroco; el primer contribuyente por riqueza rústica; el primero por riqueza urbana y el primero por industrial y de comercio que residieran en la localidad y en la respectiva parroquia. En el verano de 1925 los vocales natos de la Comisión de evaluación de la parte real del repartimiento eran los siguientes:

Mayores contribuyentes por la parte real
Antonia Dorado Pizarro	Mayor contribuyente por rústica vecina
Carlos Solano Adán de Yarza	Mayor contribuyente por rústica foráneo
Elías Cortés Donoso-Cortés	Mayor contribuyente por urbana
Luis Lozano Reyes	Mayor contribuyente por industria
Mayores contribuyentes de la parte personal
Parroquia de Santa María
Juan Manuel Barrero Amador	Cura párroco
Lorenzo Barrero Moreno	Mayor contribuyente por rústica
Miguel Cortés Donoso	Mayor contribuyente por urbana
Antonio Parejo Capilla	Mayor contribuyente por industria
Parroquia de San Gregorio
Francisco Ignacio Nieto Llanos	Cura párroco
Fernando Pérez Mancha	Mayor contribuyente por rústica
Juliana Bote Barrero	Mayor contribuyente por urbana
Marcial Triguero Bravo	Mayor contribuyente por industria

Un aspecto destacable de la «nueva política» local es que durante la dictadura de Primo de Rivera podemos afirmar que la tierra se convirtió en la base del poder económico, de ahí que los grandes propietarios y mayores contribuyentes tuvieran un destacado papel en los Ayuntamientos. El criterio utilizado para establecer quienes eran los mayores contribuyentes de Guareña se hacía atendiendo a inmuebles, cultivo y ganadería. El día 1 de enero de todos los años el Ayuntamiento debía formar y publicar las listas de las personas que integraban la Corporación y de un número cuádruplo (en nuestro caso 64 personas) de vecinos de Guareña que pagasen mayor cuota de contribuciones, todo ello con vistas a elegir compromisarios para Senadores con arreglo al art. 25 de la Ley Electoral de 8 de febrero de 1877.

El encargado de redactar el Estatuto Municipal de 1924 fue José Calvo Sotelo, que en esos momentos estaba al frente de la Dirección General de Administración Local. El Estatuto Municipal, que entró en vigor el 8 de abril, debía regular los Ayuntamientos y entre otras novedades estableció el derecho de voto de las mujeres cabeza de familia; es decir, viudas y solteras emancipadas, aunque de poco sirvió, porque no llegó a aplicarse, ya que no se celebraron elecciones y los concejales y alcaldes fueron nombrados por los gobernadores civiles durante toda la dictadura.

A mediados de 1925 se cambió el impuesto de Cédulas Personales que, en síntesis, venían a financiar tanto a las Diputaciones Provinciales como a los Ayuntamientos. La reforma llevada a cabo por Calvo Sotelo, contemplada en el Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925, establecía tres tipos de tarifas: Tarifa 1ª. Por rentas del trabajo; Tarifa 2ª. Por contribuciones directas y Tarifa 3ª. Alquileres de fincas que no se destinen a industria fabril o comercial. Las Cédulas Personales debían servir durante la dictadura de Primo de Rivera, aunque no se llegó a utilizar, como acreditación para poder votar. Estaban sujetos al pago del impuesto de cédulas personales todos los españoles y extranjeros domiciliados en España. Estaban exceptuados del impuesto los «pobres de solemnidad», las religiosas de clausura, los penados mientras estén recluidos y otros colectivos.

Entre los principales proyectos municipales que se abordaron durante la dictadura de Primo de Rivera podemos destacar los relacionados con la necesidad de mejorar las condiciones de salubridad de la población; construcción del matadero; mejora en la pavimentación de las calles; creación de grupos escolares, construcción de un mercado de abastos y mejora del cuartel de la Guardia Civil, entre otros.

A principios de enero de 1924 se abordó en el pleno el arreglo del empedrado de algunas calles, dando al mismo tiempo ocupación a los obreros. Acordó la Corporación encargar al maestro de obras Victorino Cruz Durán que formase el correspondiente proyecto y presupuesto para las calles siguientes: Plaza, trozo desde la casa número 7 hasta la esquina de la calle Barberos; Calle San Gregorio, la acera del sol en un ancho de dos metros hasta la primera esquina; travesía que une las calles San Gregorio y Estacada y toda la calle Pajares.

A las siete de la tarde del 24 de enero de 1924 se celebró sesión extraordinaria del Ayuntamiento, presidida por el delegado gubernativo, que contó como invitados con los representantes de las Juntas Locales de instrucción pública y de sanidad[17]. El delegado gubernativo, Ramón Donoso-Cortés, expuso a la consideración de los concejales las normas de conducta que en lo sucesivo debían de seguirse en el municipio. Entre los asuntos tratados estaban los referidos con el caciquismo, analfabetismo, saneamiento, vivienda y sanidad.

Respecto al asunto del «caciquismo local», Donoso-Cortés afirmaba que había que desterrar el caciquismo «soplete en mano», ya que lo considera como «origen de tanto abuso y tantos males como ha acarreado a la Nación», pidiendo a los concejales que cooperasen al aniquilamiento total del mismo, cumpliendo así con lo que consideraba como un «deber de Patria» y regenerando de este modo a la «hidalga raza española».

A continuación se refirió el delegado gubernativo al asunto del elevado analfabetismo que se registraba en la localidad, por lo que pidió a los individuos de la Junta Local de Primera Enseñanza a que continuasen con su labor en favor de disminuir ese problema, al tiempo que pedía al alcalde que «con mano dura» obligase a los padres de familia para que sus hijos asistiesen a las escuelas públicas. De esta manera consideraba el gobernador que así se podría reducir «el estado de ignorancia en que se hallan sumidos la mayoría de los pueblos». En este sentido el gobernador era consciente de que los locales habilitados para escuelas públicas no eran los más apropiados, creía conveniente que el Ayuntamiento estableciese nuevos grupos escolares.

Otro de los temas a los que se refirió Ramón Donoso-Cortés fue el relacionado con el saneamiento de las viviendas como medio eficaz para evitar las enfermedades epidémicas. Por ello, recomendó mantenerlas en buenas condiciones de higiene. Del mismo modo, se congratuló de que el Ayuntamiento hubiese cumplido con las instrucciones que respecto a la sanidad y obras públicas habían dirigido recientemente, insistiendo en la conveniencia de ver el medio de conducir el agua potable a la población.

En otro apartado de su intervención se refirió el delegado gubernativo al «vicio vergonzoso» de la embriaguez, así como de la blasfemia, «que tan mal dicen de los pueblos cultos». Por último, recomendaba como medio para evitar esos vicios y como medio de distracción el restablecimiento del «juego de la barra[18], tan español y tan conveniente al mejoramiento de la raza», decía.

Finalizó su intervención invitando a los vecinos a que pusieran de su parte cuanto esté a su alcance para hacer «Patria»; que haya altura de miras en todos sus actos y que por parte de su autoridad serán acreditadas todas las resoluciones que afectar puedan a este pueblo; ahora bien, considera inexorable con aquellos que con su malevolencia traten de burlar la ley perjudicando los intereses locales y dejándose de denuncias y pequeñeces las que habrá de tener en mente pero será su norma constante hacer justicia que estrictamente aplicará.

En enero de 1924 el general Severiano Martínez Anido, subsecretario de Gobernación en esos momentos, mandaba a los gobernadores civiles y delegados gubernativos unas instrucciones relacionadas con las personas que debían formar parte de las Corporaciones locales entre las que podíamos leer: «personas de alto prestigio social, de solvencia acreditada y a ser posible con título profesional, o en su defecto, mayores contribuyentes». Sin embargo, el Ayuntamiento de Guareña continuó desarrollando su labor y no se produjo ningún cambio hasta el 28 de marzo, estando ya en vigor el Estatuto Municipal.

4. Nueva Corporación: Fernando Mancha Merino

A las 16 horas del día 28 de marzo de 1924 se reunían en el ayuntamiento, bajo la presidencia del delegado gubernativo del partido, Ramón Donoso-Cortés Navarro, las siguientes personas: Fernando Mancha Merino, Francisco Palomar Olivas, Cecilio López Mateos, Jorge Monago Nieto, Lucas Barrero Lozano, Francisco Pozo Solís, Daniel Valentín Molano González, Sergio Barrero Amador, Juan Francisco Mancha González, Elías Cortés Donoso-Cortés, Salvador Mancha González, Antonio Parejo Capilla, Fermín Pérez Retamar y Francisco Donoso Barrero, no asistiendo Juan Manuel Retamar Moreno, que se encontraba fuera de la localidad. Se trataba de sustituir el primer Ayuntamiento primorriverista de vocales asociados por otro formado por personas que contaran con más «prestigio social», según se contemplaba en la normativa fijada en el Estatuto Municipal.

El delegado gubernativo declaró posesionados en el cargo de concejales para el que habían sido nombrados por el gobernador civil de la provincia por Decreto de 26 de marzo, quedando destituida la anterior Corporación, de la que seguían los concejales Francisco Pozo Solís, Lucas Barrero Lozano y Fermín Pérez Retamar. A partir de ahora el protagonismo en la política local, la persona que iba a encarnar la «nueva política», será el abogado y propietario Fernando Mancha Merino, que ocupará la alcaldía durante casi seis años, hasta el 26 de febrero de 1930 en que fue cesado por orden gubernativa, al tiempo que era designado alcalde Juan Herrera Mancha. Poco después fue concejal en la última corporación de la monarquía alfonsina presidida por José Barrero Cortés. El secretario del Ayuntamiento durante todo este periodo siguió siendo Juan Durán Palomar.

La Corporación aprobó que las sesiones ordinarias se celebrasen el lunes de cada semana a las 21 horas. Por último, el delegado gubernativo se dirigió a los concejales pidiéndoles que estuvieran al margen de las luchas políticas y que trabajasen con celo por los intereses del pueblo. Finalizó su intervención pidiendo al secretario que leyera las instrucciones recibidas referentes a sanidad, instrucción pública y cuestiones sociales que en esos momentos consideraban de especial importancia. El alcalde, por su parte, agradeció el nombramiento, asegurando que podría en su desempeño el mayor interés.[19]

Cuadro 5. Segunda Corporación de la dictadura de Primo de Rivera

Alcalde	Fernando Mancha Merino
Primer teniente de alcalde	Francisco Palomar Olivas
Segundo teniente de alcalde	Francisco Donoso Barrero
Tercer teniente de alcalde	Antonio Parejo Capilla
Regidor síndico	Daniel V. Molano González
Regidor interventor	Juan Manuel Retamar Moreno
Regidor	Juan Fco. Mancha González
Regidor	Sergio Barrero Amador
Regidor	Cecilio López Mateos
Regidor	Elías Cortés Donoso-Cortés
Regidor	Francisco Pozo Solís
Regidor	Lucas Barrero Lozano
Regidor	Fermín Pérez Retamar
Regidor	Salvador Mancha González
Regidor	Jorge Monago Nieto

Sin que sepamos los motivos, lo cierto es que una semana después de haberse constituido el Ayuntamiento, el 5 de abril concretamente, tenía lugar una sesión extraordinaria en la que el alcalde, Fernando Mancha Merino, explicaba que la sesión se celebraba para dar posesión del cargo de alcalde a Elías Cortés Donoso-Cortés y de concejales a Alfonso González Salguero, Juan Barea Pineda, Pedro Salguero Lozano y Daniel González Rebollo, nombrados por el gobernador civil, cesando a los concejales Daniel Valentín Molano González, Salvador Mancha González, Juan Manuel Retamar Moreno y Francisco Pozo Solís; y, en segundo lugar, para constituir el Ayuntamiento pleno y comisión permanente con arreglo al nuevo Estatuto Municipal que había sido aprobado recientemente.[20]

Tras la lectura que hizo el secretario del oficio del gobernador civil, el alcalde invitó a Elías Cortés para que ocupase su puesto, declarándolo en consecuencia posesionado, como también a los cuatro concejales nombrados ya citados. Elías Cortés manifestó que no aceptaba «de ninguna manera» el cargo para el que había sido nombrado porque entendía que estaba dignamente representado en la persona que lo ocupaba. Tres de los concejales designados por el gobernador (Alfonso González Salguero, Juan Barea Pineda y Pedro Salguero Lozano) manifestaron que habían dirigido escrito al gobernador civil renunciando al cargo y que en dicha renuncia se ratificaban, negándose a tomar posesión. Daniel González Rebollo, por su parte, manifestó que aceptaba el cargo, quedando por tanto posesionado.

Cecilio López Mateos tomó la palabra para manifestar que había aceptado el cargo de concejal porque suponía que habían desaparecido las luchas políticas anteriores y que venían todos a este sitio a «laborar por la Patria y por el pueblo, pero que suponiendo que lo sucedido con la destitución del actual alcalde y cuatro concejales obedecía tal vez a manejos de algún cacique político, no estaba dispuesto a laborar en este sentido y renunciaba al cargo de concejal, protestando con energía de lo sucedido». Los concejales Francisco Palomar, Francisco Donoso, Antonio Parejo, Juan Francisco Mancha, Lucas Barrero, Elías Cortés y Fermín Pérez se adhirieron a lo dicho por López Mateos y manifestaron que también renunciaban a sus cargos de concejales. Sergio Barrero, por su parte, lamentó lo ocurrido y que aun cuando hubiera visto con gusto que hubiera cesado un concejal para dar entrada a un representante del comercio, no estaba conforme con lo hecho y renunciaba igualmente al cargo de concejal. Daniel Valentín Molano dijo que protestaba por solidaridad con los compañeros destituidos por no encontrar en la Orden de destitución motivo que justificase dicha medida. Fernando Mancha, emocionado, dio las gracias a todos por sus manifestaciones y ofreció colaborar decididamente con todos los señores que componían la Corporación, manifestando que, al igual que ellos, renunciaba al cargo de concejal.

En consecuencia, al no poder constituirse el Ayuntamiento por quedar solamente un concejal que no había renunciado (Daniel González Rebollo), acordó la Corporación dirigir un telegrama al gobernador civil poniendo a su disposición los cargos para que les admitieran las renuncias y que nombrara a las personas que hubiera de sustituirles. Todo este asunto coincidió con el cese del gobernador civil y el nombramiento del comandante médico Agustín Van Baumberghen Bardají para ocupar ese puesto, cuyo mandato se prolongó desde el 13 de abril hasta el 6 de diciembre de 1924. De este modo, poco después de que tomara posesión del cargo tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento de Guareña, que no celebró sesiones de pleno entre el 5 de abril y el 14 de mayo.

Efectivamente, el 14 de mayo tuvo lugar la constitución del nuevo Ayuntamiento. La sesión, presidida por el primer teniente de alcalde Francisco Palomar Olivas, comenzó con el acto de toma de posesión de los concejales nombrados por el gobernador civil con fecha 30 de abril.+

De esta manera, quedaba constituida la nueva Corporación en la que repetían los mismos nombres que figuraban en la que había sido cesada el mes anterior, a excepción de Francisco Pozo Solís. A mediados de enero de 1925 se cubrieron dos vacantes existentes en la Corporación con el nombramiento como concejales de Francisco Pozo Solís y Juan Malfeito Quirós. Al día siguiente se aprobaron los nombramientos de las personas que integrarían las seis comisiones de Hacienda, Fomento, Gobernación, Sanidad y Beneficencia Social, Cultural y Abastos. Cada una de ellas estaría formada por cuatro concejales y sus denominaciones nos ofrecen una idea significativa de los servicios prestados por el Ayuntamiento. Por otro lado, desde la aprobación del Estatuto Municipal, buena parte de los asuntos ordinarios de la Corporación se trataban en la Comisión Municipal Permanente, de manera que el Pleno quedaba para asuntos extraordinarios de mayor importancia y para aprobar o no lo acordado en aquella. No obstante, en esta primera etapa los plenos se celebraron con bastante regularidad, incluso en días sucesivos, sin duda, fruto de la necesidad de regular muchos aspectos de la vida municipal.[22]

Fernando Mancha Merino era abogado, propietario agrario y dueño de un molino de aceite. Había nacido el 2 de septiembre de 1882 en el domicilio familiar de la calle Pajares, número 13. Era hijo de Manuel Mancha Francés, natural de Guareña, y de Catalina Merino Delgado, que lo era de Zarza de Alange (hoy La Zarza)[23]. Viudo de Eugenia Carrasco Agudo, con quien se había casado el 2 de septiembre de 1913 en Valverde de Mérida, contrajo segundas nupcias el 31 de enero de 1921 con su cuñada María Magdalena Carrasco Agudo en el oratorio de la dehesa Chozo Blanco, dependiente de la parroquia de San Sebastián de Don Benito[24]. Fernando Mancha y María Magdalena Carrasco tuvieron siete hijos: Fernando, Diego, casado con Aurelia Hernández Prieto; Eugenia, con Fernando Hernández Gil; María Antonia, casada con Martín Cabello de los Cobos Cortés; Manuel, con María Dolores Cortés Lozano; Bernardo y Juan Luis, casado con María del Pilar Moreno del Vado.

A mediados de mayo el alcalde, Fernando Mancha, prorrogaba el presupuesto ordinario de 1923/1924 para los meses de abril, mayo y junio, denominado «ejercicio trienal de 1924» y, por ello, estaba autorizado el 25% de las cantidades presupuestadas para ingresos, así como los gastos. Hay que tener en cuenta que el ejercicio económico iba de julio a junio del siguiente año. En el pleno del 3 de junio se aprobó el nuevo presupuesto por importe de 98.500 pesetas. Como dato de interés, reproducimos a continuación las partidas de ingresos y gastos que contenía dicho presupuesto para hacernos una idea de la dificultad que se les presentaba a los regidores municipales llevar a cabo determinadas obras y servicios. El proyecto de presupuesto, una vez aprobado en pleno por mayoría absoluta, era expuesto al público por espacio de quince días; si no se presentaba ninguna reclamación en ese tiempo, el acuerdo municipal era firme y acto seguido se remitía al delegado de Hacienda de la provincia una copia certificada del mismo.

Los principales ingresos con los que contaba el Ayuntamiento procedían de los impuestos y de los recursos propios, aunque como se observa en el siguiente cuadro los recursos necesarios para cubrir el déficit eran muy elevados, representando el 81,5% de los ingresos. Los pastos de los ejidos se arrendaban anualmente en pública subasta, dando preferencia a los vecinos sobre los forasteros en igualdad de condiciones. En la partida de gastos sobresalían los capítulos dedicados a cargas y gastos del Ayuntamiento. Es llamativo también el elevado gasto municipal dedicado al capítulo de beneficencia, muy cercano a todo lo consignado para obras públicas. Por tanto, podemos decir que la situación económica del Ayuntamiento de Guareña al inicio de la dictadura primorriverista era poco favorable, de tal manera que los servicios que podía prestar eran muy limitados. Quizá, por ello, se decidió en pleno suprimir el sueldo del depositario y que dicho cargo lo ejerciera sin retribución el concejal Juan Francisco Mancha González. La plantilla de la secretaría del Ayuntamiento en esos momentos estaba formada por las siguientes personas: Julián Blázquez Blázquez (oficial mayor), Francisco Calero Caro (oficial primero), Bonifacio Galán Mendoza (oficial segundo) y Antonio Mancha González (escribiente).

4.1. Mercado de abastos

Antes de la construcción del actual mercado de abastos existía un local que ejercía dicha función en la Plaza Vieja, aunque desde hacía mucho tiempo se venía reclamando la necesidad de construir una plaza mercado que reuniera mejores condiciones. En la sesión de 1 de octubre de 1924 el alcalde exponía la urgente necesidad de construir dicha plaza mercado por ser «deficientísima y antihigiénica» la forma en que en esos momentos estaba ese servicio. La Corporación acordó encomendar al maestro de obras Victorino Cruz Durán la formación del presupuesto y el pliego de condiciones para su construcción en la Plaza de San Gregorio, tomando también la casa de Miguel Barrero Moreno para no quitar amplitud a dicha plaza, se dijo. En enero de 1925 la Corporación aprobaba el presupuesto elaborado por Victorino Cruz y a mediados del mes siguiente se publicaba en el BOP el anuncio de su construcción.[25]

Pocas semanas más tarde la Corporación acordó designar al arquitecto provincial Francisco Vaca Morales (1891-1969) para que elaborase el proyecto de construcción de la plaza mercado. Para ello, la Corporación elaboró un presupuesto extraordinario para tal fin que se obtendría por tres vías diferentes: en primer lugar, con 14.000 pesetas obtenidas de la venta de 28 obligaciones de la Compañía de Ferrocarriles; en segundo lugar, con 15.000 pesetas sobrantes del presupuesto del ejercicio trimestral de 1924 y, en último lugar, con la emisión de un empréstito de 25.000 pesetas con la Caja Rural de Guareña, a pagar en seis años, al 6,5% de interés anual, garantizado con una hipoteca sobre la casa situada en la calle Pajares número 26 que el Ayuntamiento adquiría para construir en el solar y parte de la Plaza de San Gregorio el mercado municipal. Finalmente, la casa fue comprada a Miguel Barrero Moreno por la cantidad de 15.000 pesetas.

Sin embargo, pocos días más tarde se conoció un oficio enviado por el director general de la Compañía del Ferrocarril MZA notificando lo ganado con las 41 obligaciones del Ayuntamiento. El alcalde propuso que las 20.500 pesetas que importaban las obligaciones amortizadas se destinasen a la construcción del mercado municipal, de tal manera que no hubiese que hacer uso del préstamo de 25.000 pesetas que se había pensado solicitar. Aprobada la propuesta por unanimidad.

A mediados de diciembre de 1925 el contratista de las obras del mercado municipal, Julián Sánchez González, ponía en conocimiento del Ayuntamiento que sería beneficioso introducir como mejora la sustitución de la bóveda proyectada para el sótano por un techo plano de bovedillas sobre viguetas de hierro, cuyo coste sería de 250 pesetas. Un nuevo suplemento de crédito propuesto por el arquitecto Francisco Vaca para colocar una marquesina volada en el mercado municipal, cuyo importe ascendía a 6.100 pesetas, fue aprobado por unanimidad a finales de mayo de 1926. En febrero de 1927 ya se había inaugurado la plaza de abastos.

4.2. Honores y distinciones

En la sesión del día 19 de enero de 1925 el Ayuntamiento acordó nombrar al rey Alfonso XIII y a Victoria Eugenia alcaldes honorarios de Guareña. Un año después, el 23 de enero de 1926, la Corporación declaró hijos adoptivos a Miguel Primo de Rivera y al general Luis Losada Ortiz de Zárate, gobernador civil de la provincia de Badajoz. Pero no serán los únicos personajes distinguidos, ya que la Corporación también mostró su agradecimiento a personas relacionadas con el ámbito local. Así, el 20 de enero de 1925 el alcalde exponía en el pleno las cualidades de «aquel hombre tan bueno que se llamó D. Diego López Otero, Maestro Nacional durante muchos años de esta localidad». Entendía Fernando Mancha que era un deber de la Corporación honrar a «sus muertos ilustres», por lo que proponía, y así lo aprobó el pleno, que se diese a la calle en donde vivió este maestro el nombre de D. Diego López para perpetuar su memoria[26]. De este modo, la calle Llanos quedó dividida en tres tramos, siendo la calle D. Diego López el primer tramo, que comprendía desde la casa de Adelardo Mancha hasta la de Emiliano Mancha Llanos en los números impares; y desde la casa de Fabián Lozano Reyes a la de Francisco Borrallo Barrero en los números pares. El segundo tramo se llamaría calle Espronceda y, el tercero, calle Llanos.

Unos meses más tarde, con motivo de la finalización del conflicto que España mantenía con Marruecos desde principios de siglo, la Corporación elevaba por conducto del gobernador civil de la provincia sus felicitaciones al Gobierno y tropas de Marruecos «por las felices operaciones realizadas que han dado por resultado la sumisión del cabecilla rebelde y la pacificación de aquella zona». Se referían, claro está, al fin de la guerra del Rif, que desde 1909 mantenía España con las tribus rifeñas, tras el éxito militar que supuso el desembarco en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 y la captura del «cabecilla rebelde» Abd el-Krim.

Y dos años después, el 18 de febrero de 1927, el alcalde, haciendo alusión a la visita que hicieron a Guareña con motivo de la inauguración de la plaza de abastos Matías Huelin Müller (gobernador civil de la provincia), Sebastián García Guerrero (presidente de la Diputación Provincial) y Antonio del Solar y Taboada (alcalde de Badajoz), entre otras personalidades, comentó que surgió la idea de honrar la figura de Luis Chamizo, expresando la siguiente idea:

…de manera perdurable a nuestro querido paisano el insigne poeta, el cantor extremeño, honra de este pueblo que le vio nacer y figura preeminente de la literatura contemporánea, Luis Chamizo, el cariño y admiración que por él sentimos, todos sus paisanos y amigos; cuyo testimonio bien pudiera ser dar su nombre a la calle de este pueblo en donde nació y costear la lápida por suscripción popular, nombrándole además hijo predilecto de Guareña.[27]

La Corporación, abundando en la idea expuesta por el alcalde, acordó por unanimidad nombrar hijo predilecto a Luis Chamizo Triguero y dar el nombre de Luis Chamizo a la calle Llanos, costeando la lápida por suscripción popular.

En diciembre de 1925 el alcalde informaba de las conversaciones mantenidas con el director del Banco de Crédito Local de cara a la concesión por aquella entidad al Ayuntamiento de un préstamo de 500.000 pesetas destinado a la construcción de uno o dos grupos escolares, terminar el matadero municipal y el resto, decía, para acerados y pavimentación de calles «de que tan necesitada está esta población»[28]. Sin embargo, pocos días más tarde se recibió una comunicación en el Ayuntamiento desde la citada entidad afirmando que estaba prohibida la concesión de préstamos cuya anualidad, sumada la amortización y los intereses, excediese del 25% de los ingresos de la entidad prestataria. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tenía unos ingresos de 100.000 pesetas y calculando que pudiese pagar una anualidad de 24.563,30 pesetas durante cincuenta años, obtendría del banco la suma de 350.000 pesetas, que era la cantidad máxima que podría ponerse a disposición de la Corporación.

Habrá que esperar hasta febrero de 1927, fecha en la que el Banco de Crédito Local concedía al Ayuntamiento de Guareña un crédito por importe de 340.000 pesetas. La Corporación deliberó acerca del destino que iban a dar a ese dinero y, por unanimidad, se propuso la construcción de un edificio destinado a escuelas graduadas con tres secciones para cada sexo en el sitio de San Ginés «a la entrada del pueblo»; otro edificio para escuelas con seis secciones para niños y tres para niñas en la «cerca de San Gregorio» y travesía de Salsipuedes; reforma del ayuntamiento para instalar las oficinas municipales y el Juzgado en la primera planta, mientras que el piso inferior se destinaría para albergar las oficinas de correos, telégrafos y teléfono. El dinero restante consideraba la Corporación que debía destinarse a la construcción de acerados y pavimentación de calles.[29]

Se designó para formar los proyectos y presupuestos de las obras al arquitecto madrileño Alberto López de Asiaín, quien presentó en el pleno celebrado el 13 de abril de 1927 los proyectos, presupuestos y condiciones facultativas para construir, mediante subasta, dos grupos escolares, reforma de la Casa Consistorial, acerados y pavimentación de calles. La Corporación dio el visto bueno. El 30 de noviembre de 1927 se celebró subasta pública.

4.3. Construcción de Escuelas públicas

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades locales era mejorar la educación pública con la construcción de nuevas escuelas. La necesidad de escuelas públicas en Guareña era una realidad. Ya en la última Corporación de la monarquía previa al golpe de Estado, presidida por Carlos Amador García, se trató acerca de la necesidad de construir dos edificios para escuelas graduadas, con seis grados cada una, por la deficiencia que presentaban los locales que en ese momento los ocupaban. Sin embargo, habrá que esperar hasta finales de noviembre de 1924, siendo alcalde Fernando Mancha Merino, cuando la comisión permanente del Ayuntamiento acordaba la creación de dos edificios-escuelas graduadas para niños y otras dos para niñas, así como una de párvulos. Desde el Ayuntamiento se comprometían a facilitar locales, material y casa habitación para los maestros. Se acordó solicitar una subvención al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la construcción de las referidas escuelas graduadas. Parece ser que el grupo escolar graduado formado por tres secciones para cada sexo fue durante la dictadura de Primo de Rivera el modelo más utilizado. La escuela contaría con tres grados (elemental, medio y superior).

Podemos decir que, a partir de 1923, es cuando comenzó en España la construcción de la red de escuelas públicas que hasta entonces dependían de los Ayuntamientos, como también el pago de los alquileres de las casas de los maestros que se alquilaban a propietarios particulares. Entre las competencias que los alcaldes tenían en materia de enseñanza estaba, además de dotar de locales adecuados, vigilar la asistencia a la escuela de los niños. Hasta la construcción de los dos grupos escolares había cuatro escuelas públicas en la localidad en las que se impartían clases de adultos.

Para la construcción del grupo escolar de «San Gregorio» el alcalde hizo las gestiones oportunas con los propietarios de dos solares existentes en el lugar donde se pretendía levantar el edificio, que se ubicaba en el cruce de la calle San Gregorio con travesía de Salsipuedes (hoy Travesía de San Gregorio). El solar de la conocida como «cerca de San Gregorio» era propiedad de Antonia Dorado Pizarro, a quien el Ayuntamiento compró una parte a razón de 2 pesetas/m². Otro solar colindante, propiedad de Isabel Monago García y Rafael Rodríguez Monago, fue adquirido por el Ayuntamiento por el precio de 1.750 pesetas.

4.4.Régimen de Carta municipal

El Estatuto Municipal de 1924 contemplaba, dentro de la política presupuestaria del Ayuntamiento, la posibilidad de adquirir el régimen de «Carta Municipal», por la que se podía «adoptar una organización peculiar y acomodada a las necesidades y circunstancias especiales de su vecindario». La Corporación de Guareña intentó que le fuera aprobada una, pero fue rechazada por el Consejo de Estado alegando cuestiones relacionadas con el impuesto de pesas y medidas, así como con el intento de crear nuevos impuestos para hacer frente a la crisis obrera. Así, a primeros de mayo de 1926 se leyó en el Ayuntamiento una Real Orden relativa a la solicitud hecha por la Corporación.

Tras la oportuna discusión de este asunto por los concejales, después de lamentar que no se concediese a Guareña lo que consideraban beneficioso para el pueblo, y a pesar de habérsele concedido a la localidad gaditana de Medina Sidonia, entre otras, con informe favorable del Consejo de Estado, puesto que la Carta Municipal de aquella población era idéntica a la presentada por el Ayuntamiento de Guareña. Acordaron los corporativos que la comisión de Hacienda revisase dicha Carta y se eliminase todo lo referente al impuesto de pesas y medidas y repartimiento general para redactarla de nuevo y puesta por espacio de treinta días a los vecinos para su aprobación. La nueva Carta Municipal fue aprobada en pleno del 19 de junio y elevada al ministro de la Gobernación por conducto del gobernador civil de la provincia. No sabemos si, finalmente, le fue aprobada la Carta, aunque dada la ausencia de noticias creemos que no fue así.

A finales de mayo de 1926 la empresa vasca «Auzumarriz y Compañía», de San Sebastián, anunciaba su inminente llegada a Guareña para hacer un estudio detallado acerca de la conducción de aguas a la localidad. No obstante, habrá que esperar bastantes años para ver hecho realidad este proyecto que, como sabemos, fue uno de los grandes objetivos durante la Segunda República.

Sí fue una realidad la puesta en funcionamiento del servicio telefónico. En abril de 1927 visitó la localidad el administrador de zona de la Compañía Telefónica Nacional de España con el objetivo de instalar «con urgencia» en Guareña el teléfono interurbano y urbano, solicitando al Ayuntamiento algunas facilidades consistentes en el abono de un número de jornales, así como una casa para la telefonista durante diez años, a lo que la Corporación accedió. El 22 de noviembre de ese mismo año quedaba inaugurada la Central Telefónica de Guareña, acto que contó con la asistencia de las autoridades locales y el cura párroco. Por esas mismas fechas también se habían inaugurado la reforma del cuartel de la Guardia Civil y el mercado de abastos.

El 4 de abril de 1928 se inauguró la nueva sucursal del Banco Español de Crédito en la calle Cuatro Esquinas, siendo su director Gonzalo Novillo-Fertrell. Hay que recordar que desde 1908 contaba Guareña con la Caja Rural de Ahorros y Préstamos, una entidad cuyas oficinas se localizaban en la planta baja del ayuntamiento y que tanta importancia tuvo, sobre todo, para los más humildes al facilitar préstamos y anticipos a los pequeños labradores.

En un pleno celebrado a mediados de julio de 1928 la Corporación trató acerca de la exhumación y traslado de los cuerpos que aún permanecían en el viejo cementerio que, como se recordará, había sido clausurado el 14 de septiembre de 1908. Como en septiembre de 1928 se cumplían los veinte años exigidos por la normativa para la exhumación de cuerpos, desde el Ayuntamiento se daba un plazo de noventa días a los vecinos para la exhumación y traslado de los restos mortales de sus deudos al cementerio nuevo denominado «Santísimo Cristo de las Aguas».

El maestro y periodista Tomás Rabanal Brito, natural de Guareña, publicó un artículo en el Correo de la Mañana a mediados de agosto de 1928 titulado Una visita a Guareña, que nos resulta de gran utilidad para conocer las impresiones que dicho viaje «a las tierras pardas del poeta Chamizo» le produjeron. Lo primero que destacó fue el estado de abandono de la estación del tren, donde no existía sala de espera, por lo que entendía que el pueblo, con el apoyo del Ayuntamiento, debía reclamar mejoras para resolver lo que considera un problema importante. Precisamente, unos meses antes, desde el Ayuntamiento se había solicitado a la Compañía de Ferrocarriles la construcción de una sala de espera en la estación, provista de calefacción, donde pudieran los viajeros esperar la llegada de los trenes. Al mismo tiempo, consideraban que era una necesidad urgente la ampliación del arcén. Del pueblo destacó Rabanal Brito la «magnífica» plaza de abastos, cuartel de la Guardia Civil y la construcción que en esos momentos se estaba llevando a cabo de los grupos escolares y la reciente reforma del casino. Se refirió a las calles asfaltadas que ya había, así como a los proyectos de crear un parque y un teatro.[32]

Pocos días más tarde, precisamente ese mismo periódico en el número correspondiente al día 13 de septiembre de 1928, cinco años después del golpe de Estado de Primo de Rivera, dedicó un monográfico de cuarenta y seis páginas a destacar la labor realizada en los pueblos de la provincia de Badajoz durante ese periodo. En el caso de Guareña, figuraba el siguiente titular: «Con un presupuesto de 200.000 pesetas se está haciendo la construcción de dos Grupos escolares, con seis secciones cada uno»[33]. En una breve nota el Ayuntamiento destacaba la labor que se había hecho en la localidad en los últimos cuatro años, entre los que citaba la construcción de una plaza de abastos por importe de 65.000 pesetas. También destacaba la inversión, por valor de 147.000 pesetas, de las reformas llevadas a cabo en el cuartel de la Guardia Civil, así como la pavimentación de algunas calles. Y finalizaba la noticia con referencias a los dos grupos escolares que se estaban construyendo en esos momentos, con un presupuesto de 200.000 pesetas, para lo que contaban con una subvención del Estado por valor de 120.000 pesetas.

En mayo de 1929 los obreros agrícolas en paro solicitaban al alcalde trabajo. Las causas estaban relacionadas con el excesivo número de máquinas segadoras que en esos momentos se utilizaban. Era la primera vez que en plena cosecha los obreros no tenían trabajo. El jornal de la siega estaba fijado en 5 pesetas y, para hacernos una idea de lo que suponía, un pan costaba 60 céntimos. Desde este año y durante toda la Segunda República, las tensiones entre propietarios y obreros fueron creciendo, a pesar de las medidas tomadas desde el Ayuntamiento para mitigar el excesivo paro obrero, entre las que estaban la realización de obras públicas y el «reparto obrero» entre los mayores propietarios. Hay que recordar que cuando finaliza la dictadura de Primo de Rivera el contexto económico distaba bastante de lo que habían sido los «felices años veinte». La Guareña de principios de los años treinta del siglo pasado era una localidad compuesta, en su mayoría, por jornaleros que vivían en unas condiciones precarias. En el lado opuesto, un reducido número de cuarenta propietarios foráneos reunían en sus manos casi 13.000 ha de las 22.278 ha que tenía el término.

4.5. La Hacienda Local

Durante la dictadura de Primo de Rivera el gasto público aumentó, así como los ingresos municipales, sobre todo por un incremento de la presión fiscal. Es interesante analizar cómo se concretó el gasto público a lo largo de este periodo. No hay que olvidar que la obra pública se convirtió en uno de los referentes económicos del régimen. El análisis comparado de los presupuestos, en este caso los correspondientes a los años 1927 y 1930, nos da una idea bastante aproximada de las prioridades que tenía la Corporación y en qué partidas se concretó el gasto público y de dónde procedían los ingresos.

4.6. Reforma del edificio del Ayuntamiento

Una de las últimas actuaciones de la Corporación municipal de la dictadura presidida por Fernando Mancha estuvo relacionada con la reforma del ayuntamiento. Tras la muerte de Antonia Dorado Pizarro en 1927, viuda y sin hijos, los albaceas testamentarios comunicaron al alcalde su decisión de vender al Ayuntamiento la casa colindante por la izquierda en precio de 8.000 pesetas. En el proyecto de reforma del ayuntamiento, formado por el arquitecto Alberto López de Asiaín, ya se propuso la expropiación de la citada casa con objeto de dar luz al edificio de la Casa Consistorial por la fachada del lateral de la izquierda. La Corporación acordó aceptar el precio fijado y utilizar las 7.500 pesetas obtenidas de las quince obligaciones que el Ayuntamiento poseía de la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) para hacer frente a parte del gasto de adquisición de la citada casa. La reforma finalizó en enero de 1931 por la empresa «Sociedad Constructora Madrileña» y según la certificación final de las obras dada por el arquitecto supuso una inversión de 140.793 pesetas, cuantía muy superior a las 49.745 pesetas en que fue adjudicada la obra, como consecuencia de haberse realizado una reforma mayor a la proyectada inicialmente. En la foto se aprecia la casa colindante, en cuyo balcón se agolpa un grupo de mujeres, que es la que el Ayuntamiento acordó comprar en diciembre de 1929.

5. El final de la Dictadura: nueva Corporación

Acercándonos al final de la dictadura, vamos a referirnos a los cambios que se produjeron en la Corporación municipal. El Estatuto Municipal de 1924 preveía que los Ayuntamientos se constituyeran a partir de las elecciones, sin embargo, como no se celebraron durante la dictadura ningún proceso electoral, todas las designaciones de la Corporación municipal fueron por decisión gubernativa, tal y como hemos visto. Pues bien, tras la dimisión de Primo de Rivera, el Ministerio de la Gobernación entendía que había que cambiar las cosas «para ir marchando hacia una normalidad perfecta», con lo que se hacía necesario aprobar un régimen provisional. El Gobierno decidió en esos momentos que la mejor fórmula era la de constituir los nuevos Ayuntamientos con «personas de solvencia, de prestigio y hasta de cierta tradición democrática por su antiguo nombramiento», por lo que la mejor solución, a su juicio, era asociar mayores contribuyentes del término y concejales que antes de 1923 hubieran desempeñado el cargo en virtud de sufragio popular, priorizando entre los concejales que hubieran obtenido mayor número de votos. Dentro de cada distrito municipal se consignarían los nombres de los que hubieran sido concejales, ordenados por orden decreciente de votos.

El Real Decreto de 15 de febrero de 1930, que regulaba el proceso de constitución de los nuevos Ayuntamientos, estipulaba que el día 25 de ese mes cesarían en sus funciones todos los alcaldes, tenientes de alcalde y concejales de los Ayuntamientos de España. La mitad de los concejales se atribuirán a los mayores contribuyentes; los demás concejales se atribuirán a las personas que obtuvieron mayor número de votos en los diferentes distritos desde las elecciones de 1917. Todos los concejales debían ser mayores de 25 años y vecinos residentes en el municipio. De esta forma, se llegaba al final del mandato de Fernando Mancha Merino, aunque como veremos, siguió formando parte de la Corporación como concejal al tratarse de uno de los mayores contribuyentes de la localidad.

El 26 de febrero de 1930, en sesión extraordinaria, tuvo lugar el cese de la Corporación presidida por Fernando Mancha Merino y el nombramiento de una nueva siguiendo el decreto antes citado. Como mayores contribuyentes figuraban Lorenzo Barrero Moreno, Elías Cortés Donoso-Cortés, José Barrero Cortés, Miguel Cortés Donoso, Francisco Retamar Pizarro, Joaquín Murillo Pizarro, Fernando Mancha Merino y Luis Lozano Reyes. Entre los exconcejales figuraban las siguientes personas: por el distrito 1º, Juan Herrera Mancha, Enrique Malfeito Cabrera y Pedro Román González; por el distrito 2º, Ángel Álvarez Mancha, Pedro Retamar Olivas e Hipólito Cortés Lemus; finalmente, por el distrito 3º figuraban Manuel Amador Villa y Juan Barrero Moreno.

Cuadro 8. Última Corporación de la dictadura de Primo de Rivera

Alcalde	Fernando Mancha Merino
Primer teniente de alcalde	Francisco Palomar Olivas
Segundo teniente de alcalde	Francisco Donoso Barrero
Tercer teniente de alcalde	Antonio Parejo Capilla
Concejal	Juan Francisco Mancha González
Concejal	Cecilio López Mateos
Concejal	Elías Cortés Donoso-Cortés
Concejal	Francisco Pozo Solís
Concejal	Lucas Barrero Lozano
Concejal	Juan Malfeitos Quirós
Concejal	Fermín Pérez Retamar
Concejal	Salvador Mancha González
Concejal	Juan Manuel Retamar Moreno
Concejal	Federico Mancha Cortés
Concejal	Elías Retamar Olivas
Concejal	Juan Cortés Amador

En su despedida, Fernando Mancha mostró su agradecimiento a la Corporación que cesaba por la «cooperación entusiasta y decidida que ha prestado durante el largo periodo de su gestión» y saludó cariñosamente a los concejales que entraban a constituir la nueva Corporación, «cuya labor confiaba de ser fructífera por la reconocida competencia de todos y los declaró posesionados en sus cargos». Acto seguido, invitó a Juan Herrera Mancha, como concejal de mayor edad, a ocupar la presidencia, abandonando el salón, seguido de los concejales cesados. No estuvieron presentes en el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento Fernando Mancha Merino, Ángel Álvarez Mancha, Pedro Retamar Olivas y Manuel Amador Villa.

De forma provisional, desde el Ministerio de la Gobernación se ordenó que se encargasen de la alcaldía y tenencias de alcaldía los concejales de mayor edad en pueblos de más de 5.000 habitantes. Por ese motivo, fueron nombrados, siguiendo el orden de edad para tenientes de alcalde: primero, Enrique Malfeito Cabrera; segundo, Pedro Román González y, tercero, Hipólito Cortés Lemus. Al día siguiente, 27 de febrero, se celebró sesión extraordinaria donde acordaron fijar seis comisiones permanentes: Hacienda, Fomento, Gobernación, Sanidad y Beneficencia, Social y Cultura y Abastos, integradas cada una por tres concejales. Finalizó la sesión con la propuesta de Pedro Román, que fue aprobada por unanimidad, de que constase en acta su disgusto por no haberse posesionado el concejal Fernando Mancha Merino, alegando incompatibilidad de orden moral por haber presidido durante varios años la anterior Corporación, «cuya gestión todos aplauden, privando a la actual de su valioso concurso».[34]

Pocas semanas habían pasado cuando, el 26 de marzo, la Corporación municipal celebró sesión extraordinaria en la que, entre otros asuntos, se examinó la renuncia al acta de concejal presentada por Fernando Mancha, alegando haber sido alcalde durante seis años y, además, por la necesidad que tenía de «atender a su quebrantada salud, que le obliga a pasar largas temporadas fuera de la localidad». La Corporación, en el informe preceptivo que envió al gobernador civil, recogió que la incapacidad que alegaba Mancha Merino no estaba comprendida entre las relacionadas en el Estatuto Municipal y que, por otra parte, teniendo en cuenta que su gestión como alcalde había sido beneficiosa para el vecindario, consideraba que no debía serle admitida dicha renuncia. También se examinó la renuncia presentada por el concejal Pedro Retamar Olivas, fundada en incompatibilidad por ejercer de juez municipal, que no le fue admitida por cuanto había cesado en el cargo a primeros del mes de marzo.

El 19 de abril la Corporación municipal es removida y se producen nuevos nombramientos decretados desde el Ministerio de la Gobernación. Según la normativa, en los pueblos mayores de 5.000 habitantes el nombramiento de alcalde correspondía al Gobierno, pudiendo designar a cualquier vecino residente, aunque no formase parte de la Corporación municipal. El nombramiento de los tenientes de alcalde también correspondía al Gobierno, aunque en este caso era necesario que se tratara de personas que formaban parte del Ayuntamiento. A partir de este momento José Barrero Cortés se convierte en el nuevo alcalde, mientras que los tenientes de alcalde, por este orden, fueron: Juan Barrero Moreno, Hipólito Cortés Lemus y Francisco Retamar Pizarro. Además, la dimisión de Fernando Mancha no fue aceptada por el gobernador civil, de tal manera que se incorporó como concejal en la sesión celebrada el 21 de octubre de 1930. En su primera intervención José Barrero expuso su compromiso con el cargo, manifestando que: «por azares de la vida y convicciones ideológicas viene a ocupar este puesto gustoso porque entiende que todo ciudadano tiene el deber de cooperar al bien de la comunidad; que viene al Ayuntamiento a que el orden y la propiedad sean respetados y a laborar por su pueblo»[35]. Finalizó su intervención pidiendo un voto de gracias para la Corporación que había actuado durante la dictadura porque entendía que obraron como buenos ciudadanos. La última Corporación de la monarquía de Alfonso XIII, previa a la proclamación de la Segunda República estaba formada por las siguientes personas: José Barrero Cortés (alcalde), Juan Barrero Moreno (primer teniente de alcalde), Hipólito Cortés Lemus (segundo teniente), Francisco Retamar Pizarro (tercer teniente) y los concejales Lorenzo Barrero Moreno, Elías Cortés Donoso-Cortés, Joaquín Murillo Pizarro, Fernando Mancha Merino, Luis Lozano Reyes, Juan Gómez Cañada, Juan Herrera Mancha, Enrique Malfeito Cabrera, Pedro Román González, Ángel Álvarez Mancha, Pedro Retamar Olivas y Manuel Amador Villa.

En el plano político podemos concluir que la llegada de nuevas personas al Ayuntamiento no conllevó la desaparición de la «vieja política», pero es evidente que desde el Ayuntamiento de Guareña se promovieron políticas de inversión y mejoras que se llevaron a cabo, fundamentalmente, mediante la apelación al crédito como medio necesario para financiar las obras y servicios.

En el plano económico, fruto de esa política de obras, asistimos a un elevado gasto público. En el plano urbanístico se registró un interesante programa de obras públicas que mejoraron la infraestructura de servicios y educativa de la localidad: matadero, mercado de abastos, grupos escolares, cuartel de la Guardia Civil, ayuntamiento, aceras y pavimentación de calles. En materia de servicios contamos con la instalación de una sucursal del Banco Español de Crédito, así como la puesta en funcionamiento del servicio telefónico.

Todas estas realizaciones fueron proyectadas a iniciativa de las personas que formaron parte de las distintas Corporaciones municipales. Algunos de ellos, desgraciadamente, sufrirán la violencia republicana pocas semanas después del inicio de la Guerra Civil. Así, por ejemplo, entre las víctimas encontramos a los alcaldes Carlos Amador García o Fernando Mancha Merino; concejales como Francisco Durán Mancha, Francisco Palomar Olivas, Juan Manuel Retamar Moreno, Cecilio López Mateos, Elías Cortés Donoso-Cortés o Federico Mancha Cortés, así como el secretario del Ayuntamiento Juan Durán Palomar. La violencia, de doble signo, que llenó de sangre las calles de Guareña durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra es un capítulo doloroso de nuestra historia que jamás se debió haber producido.

[1] Juan Ángel Ruiz Rodríguez: “De la etapa medieval al final del franquismo”, en VVAA: La Villa de Guareña. Apuntes sobre su historia, Don Benito, Foro Historia de Guareña, 2019, tomo I, pp. 257-467.

[2] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo II, fol. 4. Sesión de 23 de enero de 1926.

[3] Eduardo González Calleja: La España de Primo de Rivera: la modernización autoritaria 1923-1930, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 463.

[4] El tomo I comprende desde el 1 de abril de 1923 hasta el 23 de noviembre de 1925. El tomo II comienza el 12 de diciembre de 1925 y finaliza el 16 de marzo de 1931.

[5] Joaquín Murillo Pizarro, natural de Badajoz, era hijo del senador Juan Murillo Rico y de Josefa Pizarro Saiz. Contrajo matrimonio en Guareña, en marzo de 1914, con María Antonia Retamar Pizarro, natural de esta villa, con quien tuvo ocho hijos. Su mujer era hija de Juan Lucas Retamar Márquez de Prado y de Isabel Pizarro Malfeito. Poseía en el término de Guareña 1.160 ha, que lo convertían en uno de los principales terratenientes locales, dueño de las dehesas Maldegollada, de 977 ha y El Águila, de 174 ha, además de otras pequeñas fincas.

[6] Carlos Amador García, nacido en 1869 en la calle San Gregorio número 11, era hijo de Andrés Amador Moreno, natural de Guareña, y de Teresa García Mena, que lo era de la localidad cacereña de Almoharín. Propietario agrario, estaba casado con Francisca Villa Mayo, natural de Polán (Toledo), con la que tuvo ocho hijos.

[7] El debate historiográfico en torno al papel que el rey Alfonso xiii tuvo en el golpe de Estado está de actualidad. Algunos investigadores, como Shlomo Ben-Ami o Raymond Carr, como historiadores actuales como Eduardo González Calleja o Fernando del Rey, consideran que el monarca fue responsable, en mayor o menor medida, del golpe; en el lado opuesto están aquellos que han intentado eximir al monarca de toda responsabilidad, entre los que destacan Carlos Seco Serrano o Javier Tusell.

[8] El «cirujano de hierro» es una expresión acuñada por el aragonés Joaquín Costa, cabeza visible del movimiento intelectual conocido como «Regeneracionismo», con la que hacía referencia a la persona que debía encargarse de curar los males de la patria tras la crisis de 1898.

[9] Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (en adelante, BOP de Badajoz), 19 de septiembre de 1923, p. 1.

[10] BOP de Badajoz, núm. 190, 1 de octubre de 1923.

[11] Libro de Actas de Sesiones Municipales, Tomo I, fols. 26 a 30vto. Sesión de 1 de octubre de 1923.

[12] Damián Cáceres fue alcalde en 1874 y figuraba a finales del siglo xix como uno de los mayores contribuyentes. En 1898, siendo administrador de consumos, tuvo lugar en Guareña un motín popular en protesta por los altos precios de los productos básicos de «comer, beber y arder», siendo alcalde Manuel Dorado Pizarro. Los sucesos más graves tuvieron lugar en el domicilio familiar de la calle Pajares, número 9. Damián Cáceres falleció, viudo, el 6 de mayo de 1916 a los 71 años. Era hijo de Leocadio Cáceres y Clara Suárez de Figueroa, naturales de Villagonzalo.

[13] Archivo de la Parroquia de Santa María (en adelante APSM), Libro 30 de Matrimonios, fol. 139vto.

[14] APSM, Libro 26 de Defunciones, fol. 148.

[15] Carmen González Martínez: “La Dictadura de Primo de Rivera: una propuesta de análisis”, Anales de Historia Contemporánea, 16 (2000), pp. 337-408, esp. p. 358.

[16] BOP de Badajoz, núm. 20, 28 de enero de 1928, p. 4.

[17] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo I, fol. 53 y ss. Sesión del 24 de enero de 1924.

[18] Se trataba de un juego tradicional que consistía en lanzar una barra de hierro lo más lejos posible.

[19] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo I, fols. 66 y 67. Sesión de 28 de marzo de 1924.

[20] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo I, fol. 68vto. y ss. Sesión de 5 de abril de 1924.

[21] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo I, fol. 70. Sesión del 14 de mayo de 1924.

[22] Según el capítulo IX del Estatuto Municipal, el Pleno debía reunirse al menos una vez al cuatrimestre.

[23] APSM, libro 31 de Bautismos, fols. 320-320vto.

[24] APSM, libro 15 de Matrimonios, fol. 60.

[25] BOP de Badajoz, núm. 32, 13 de febrero de 1925, p. 7.

[26] Diego López Otero era natural de Fuente del Maestre y fue contratado por el Ayuntamiento de Guareña en junio de 1869. Casado con Emilia Mateos Paredes, natural de Valdetorres, tuvieron tres hijos: Cecilio, Juan y Carlota López Mateos. Su hijo Cecilio, médico de profesión, que era concejal en esos momentos, agradeció a toda la Corporación el reconocimiento hecho a su padre. La casa familiar estaba en el número 6 de lo que fue calle Llanos.

[27] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo II. Sesión de 24 de junio de 1926.

[28] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo II, fol. 3. Sesión de 12 de diciembre de 1925.

[29] Libro de Actas de Sesiones Municipales, tomo II. Sesión de 18 de febrero de 1927.

[30] BOP de Badajoz, núm. 35, 18 de febrero de 1928, p. 6.

[31] Libro de Actas de Sesiones Municipales, libro II, fol. 7 y ss. Sesión del 7 de mayo de 1926.

[32] Correo de la Mañana, 19 de agosto de 1928, p. 3.

[33] Correo de la Mañana, 13 de septiembre de 1928, p. 32.

[34] Libro de Actas de Sesiones Municipales, libro 2. Sesión de 27 de febrero de 1930, fol. 77vto.

[35] Libro de Actas de Sesiones Municipales, libro 2. Sesión de 19 de abril de 1930, fol. 80.

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