Juan Ángel
Ruiz Rodríguez
Cronista Oficial de la Villa de Guareña
El
presente estudio está enmarcado en un tiempo muy concreto: el periodo que va
desde mediados de septiembre de 1923 hasta finales de enero de 1930. Un tiempo
en el que el jefe del Estado seguía siendo el rey Alfonso XIII y en el que el Ejército,
una vez más en la historia de España, se sintió legitimado para acabar por la
fuerza con el sistema constitucional surgido en 1876. Nacía así la dictadura de
Primo de Rivera, que actualmente algunos han calificado como «un intento de
modernización autoritaria»
y cuyos objetivos principales, según el manifiesto publicado por el dictador el
13 de septiembre de 1923, estaban dirigidos a sacar a España del atraso
económico, a la vez que buscaba regenerar la política mediante la eliminación
del caciquismo, dando un mayor protagonismo a las «clases medias». Durante este
tiempo, en el que la economía marchó bien hasta 1929, se redujeron las
alteraciones del orden público, se produjo un incremento demográfico notable y
se consiguió poner fin a la guerra que España mantenía en Marruecos desde
principios de siglo con las tribus del Rif.
Guareña comenzó
el siglo xx con una población de
hecho de 6.731 habitantes, registrándose un incremento demográfico de manera
lenta, pero constante, hasta 1930 en que alcanzaría la cifra de 8.924
habitantes, a pesar de la crisis de mortalidad que supuso la pandemia de gripe
de 1918. La gripe fue responsable de un aumento del 50% en los óbitos que se
venían registrando en Guareña desde principios de siglo y se cobró la vida de
42 personas, la mayoría con edades comprendidas entre los 25 y 44 años. En esas
tres primeras décadas de la centuria, por tanto, Guareña experimentó un aumento
de 2.193 personas, lo que significa un incremento del 32,58%.
El crecimiento natural (diferencia entre la
natalidad y la mortalidad) en Guareña fue positivo durante el primer tercio del
siglo XX, con excepción del año 1918. Si centramos nuestra atención en los años
de la dictadura de Primo de Rivera llegamos a la conclusión de que el
crecimiento de la población fue constante, siendo más elevado en los años
finales de la dictadura, como consecuencia de un descenso de la tasa de
mortalidad (fruto de las mejoras sanitarias y de condiciones de vida) y un
mantenimiento, e incluso ascenso, de la de natalidad.
Se trataba de
una localidad donde la mayoría de su población se dedica al sector primario, y
en la que existía un notable desequilibrio en la tenencia de la tierra, con un
elevado grado de concentración de la propiedad, por lo que eran visibles
diferentes niveles patrimoniales, desde grandes hacendados, algunos de ellos
absentistas y pertenecientes a la nobleza nacional, pasando por propietarios
locales con niveles altos de riqueza que convivían con un elevado colectivo de
pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. Estos últimos, con unos
bajos niveles de vida y de renta, sometidos al ciclo agrícola, sufrían largos
periodos de paro estacional que, en algunas ocasiones, provocaron algunos
desórdenes y conflictos, especialmente en los últimos momentos de la dictadura
primorriverista y durante la Segunda República.
En
el término de Guareña, con una superficie de 22.278 ha, la presencia del
latifundio desde tiempos medievales era una de las señas de identidad de su
estructura agraria, junto con la existencia de un importante colectivo de
pequeños propietarios y jornaleros. Cuando la dictadura primorriverista
finalizaba, la riqueza rústica de Guareña seguía presentando un claro
desequilibrio entre los diferentes grupos de propietarios, como si nada se
hubiera modificado. El colectivo de pequeños
propietarios suponía el 92% del total, aunque solamente acaparaban el 23,2% de
la riqueza imponible; por el contrario, los grandes propietarios, esos que
hemos calificado como pertenecientes a la «oligarquía agraria», aunque escasos
en número, reunían en sus manos más del 60% de la riqueza imponible.
Uno de los
aspectos sociales más significativos de Guareña durante el reinado de Alfonso xiii radica en el elevado nivel de
analfabetismo, algo que no era exclusivo de nuestra localidad, ya que los
niveles de alfabetización en todo el país eran muy bajos, debido, mayormente, a
los bajos índices de escolarización. Cuando se iniciaba el siglo xx casi ¾ partes de la población no
sabía leer ni escribir, manteniéndose en porcentajes superiores al 50% de
analfabetos durante las tres primeras décadas de la centuria. Por eso, una de
las principales preocupaciones de los regidores municipales durante el periodo
estudiado fue la creación de escuelas públicas.
La
incidencia del analfabetismo era mayor en el colectivo de mujeres que en el de
hombres. Durante la dictadura de Primo de Rivera la Corporación local tuvo muy
presente la enseñanza y, por eso, la creación de grupos escolares se convirtió
en uno de los principales proyectos. Fruto de ese interés por mejorar la
situación en la que se encontraba la enseñanza en la localidad fue la creación
de los grupos escolares de «San Gregorio» y de «San Ginés».
Por lo que
respecta a la política local, hay que destacar que según la Ley Municipal de 2
de octubre de 1877, que estuvo vigente hasta el 8 de marzo de 1924 en que fue
aprobado el Estatuto Municipal, en todo término municipal debía haber un
Ayuntamiento y una Junta Municipal. El gobierno de la localidad estaba
encomendado al Ayuntamiento, compuesto de concejales divididos en tres
categorías: alcalde, tenientes de alcalde y regidores. La Junta Municipal, por
su parte, estaba compuesta por todos los concejales del Ayuntamiento y de un
número de vocales asociados igual al de concejales. Se trataba de un órgano
importante porque, entre otras funciones, tenía el cometido de la censura y
aprobación de los presupuestos municipales, así como el establecimiento de
arbitrios.
Pues
bien, atendiendo al número de habitantes de Guareña, que según el Censo de 1920
tenía una población de hecho de 8.335 personas, el Ayuntamiento debía estar
formado por el alcalde, tres tenientes de alcalde y once regidores, con lo que
el total de la Corporación la formaban quince personas, que se renovaban cada
dos años. El municipio estaba dividido en siete secciones y a cada una de ellas
se designaba el número de vocales asociados que correspondían en proporción al
importe de las contribuciones que pagaban.
Hasta
abril de 1923 estuvo de alcalde Joaquín Murillo Pizarro,
un rico propietario agrario perteneciente a la «oligarquía local», gran
contribuyente, que volverá a formar parte de la Corporación municipal tras la
dimisión de Primo de Rivera. Fue sustituido en el cargo por otro propietario, Carlos
Amador García,
que se mantuvo hasta octubre de ese mismo año, pocas semanas después de
iniciarse la dictadura de Primo de Rivera.
Para
la mejor gestión del Ayuntamiento existían seis comisiones permanentes,
nombrándose tres concejales para cada una de ellas: Ornato y Obras públicas:
Carlos Amador García, Cándido Román Silos y Juan López Gutiérrez; Abastecimientos:
Carlos Amador García, Juan Gutiérrez Jiménez y Francisco Cortés Retamar; Instrucción
y corrección pública: José María Mancha Lemus, Marco de los Llanos Trabado
y Antonio Angulo Carvajal; Hacienda: José María Mancha Lemus, Enrique
Malfeito Cabrera y Juan López Gutiérrez; Propios y Arbitrios: Juan
Gutiérrez Jiménez, Francisco Cortés Retamar y Antonio Angulo Carvajal; Beneficencia
y Sanidad: Enrique Malfeito Cabrera, Marco de los Llanos Trabado y Cándido
Román Silos.
Cuadro 2. Corporación municipal previa al golpe de Estado
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Alcalde
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Carlos Amador García
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Primer teniente de
alcalde
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José María Mancha Lemus
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Regidor
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Pedro Román González
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Regidor
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Eladio Bote Barrero
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Regidor
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Marco de los Llanos Travado
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Regidor
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Cándido Román Silos
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Regidor
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Juan López Gutiérrez
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Regidor
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Francisco Cortés Retamar
|
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Regidor
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Antonio Angulo Carvajal
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Regidor
|
Pedro Retamar Olivas
|
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Regidor
|
Enrique Malfeito Cabrera
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Regidor
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Juan Gutiérrez Jiménez
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Regidor
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Eduardo Cortés Villalobos
|
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Regidor
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Manuel Amador Villa
|
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Regidor
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Juan Herrera Mancha
|
Por estas
fechas, mediados de mayo de 1923, una de las principales preocupaciones de la
Corporación municipal estaba relacionada con la enseñanza pública. Así, el
alcalde manifestaba al pleno la necesidad de construir edificios para las «escuelas
nacionales» por ser deficientes los que en esos momentos había. La Corporación
aprobó, por unanimidad, solicitar al Ministerio de Instrucción Pública la
construcción de dos edificios para escuelas graduadas, uno para niños y otro
para niñas, de seis grados cada una. Y en cuanto al solar que había de ser
ofrecido al Estado y las aportaciones que hubieran de hacerse, se acordó que la
comisión de Instrucción Pública estudiase y propusiera lo más conveniente. Vemos,
por tanto, que antes de la dictadura de Primo de Rivera desde el Ayuntamiento
de Guareña ya se trató la cuestión de mejorar el acceso a la enseñanza con la
construcción de nuevos grupos escolares que, como veremos más adelante, se
convirtieron en una realidad en los años finales de la década. Y es que, según
el Real Decreto de 17 de diciembre de 1922, los Ayuntamientos estaban obligados
a «instalar y conservar las Escuelas nacionales de Primera Enseñanza (…), y a
proporcionar a sus Maestros vivienda capaz y decorosa», pero si el Ayuntamiento
no disponía de recursos debía solicitar la construcción de las escuelas al
Ministerio de Instrucción Pública.
Otra
de las realizaciones que se llevaron a cabo en 1923 fue la construcción del
matadero municipal, bajo la dirección del maestro de obras Victorino Cruz Durán.
Unas obras que finalizaron en el mes de octubre. El matadero fue ampliado
posteriormente, en tiempos de la Segunda República, en el año 1933.
A lo largo del
reinado de Alfonso xiii
(1902-1931) la inestabilidad política fue una de las notas características,
pero será a partir de 1917 cuando la monarquía alfonsina entre en una profunda
crisis que influirá decididamente en su final. Tras la conclusión de la I
Guerra Mundial, en la que España fue neutral, en el contexto de la denominada
«crisis de 1917» aumentó el movimiento huelguístico en todo el país, con una
huelga general motivada principalmente por la insoportable inflación y la
pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras, al tiempo que aumentó
el enfrentamiento entre patronos y obreros dando lugar a eso que se calificó
como «pistolerismo», que marcaría una etapa de violencia extrema y donde
tampoco faltaron los ruidos de sables con el movimiento de las Juntas Militares
de Defensa. La incapacidad del Gobierno para dar solución a los graves
problemas planteados en el país concedió gran protagonismo a los militares que,
como había sido costumbre en este país durante el siglo xix, volvió a implicarse en la política. De esta manera, el
Ejército se convirtió en un pilar fundamental de la monarquía alfonsina y del
propio Gobierno que, entre otras cosas, lo necesitaba para hacer frente al
problema social planteado en el país.
El
13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera
daba un golpe de Estado en Barcelona que ponía fin al gobierno de concentración
liberal de Manuel García Prieto, aunque lo más significativo fue que contó con
la aprobación del rey Alfonso xiii.
La mayor parte de la sociedad española reaccionó con bastante indiferencia,
seguramente, esperanzados en que el nuevo régimen pondría fin a la crisis
general que se vivía en España. Con un sistema parlamentario desgastado, con
las terribles consecuencias que trajo el «desastre de Annual» de 1921, junto
con los numerosos desórdenes públicos que se sucedían por todo el país, los
rumores de un golpe militar estaban cada día más presentes.
Según
el manifiesto publicado por el dictador en ABC el 14 de septiembre
dirigido «Al País y al Ejército», el golpe estaba justificado para salvar a la
Patria «de los profesionales de la política (…) que amenazan a España con un
próximo fin tráfico y deshonroso». En su proclama Primo de Rivera, marqués de
Estella, aludía a la provisionalidad de un régimen que pretendía extirpar los
males del país, aunque tal provisionalidad no fue tal, puesto que después se prolongaría
durante siete años su estancia en el poder, conformando de esta manera una
dictadura militar de corte personalista y autoritaria. La hora del «cirujano de
hierro» que en otros tiempos algunos reclamaron, había llegado.
En
Extremadura, el 19 de septiembre, el general de brigada Alfredo Martínez
Peralta, encargado del mando de la 2ª División y gobernador militar accidental de
Badajoz declaraba el estado de guerra en toda la provincia, así como la censura
de prensa, al tiempo que reclamaba orden y tranquilidad a los ciudadanos,
evitándole tener que emplear «mano dura».
La única referencia que en
estos momentos encontramos en Guareña referida al nuevo periodo que se abría en
España la tenemos en el pleno celebrado el 25 de septiembre, cuando el concejal
Pedro Román González propuso y la Corporación acordó por unanimidad «adherirse
al nuevo régimen» con el objetivo de «salvar la Patria y la Monarquía»,
disponiendo que se comunicase dicho acuerdo al gobernador civil de la
provincia. Sería la última sesión celebrada por la Corporación ya que la
siguiente, que tuvo lugar el 1 de octubre, tuvo carácter extraordinario y donde
se trató del nombramiento del nuevo Ayuntamiento.
Constituido el
día 15 de septiembre, fue el primer periodo de la dictadura en el que el
Gobierno estaba formado exclusivamente por militares y cuya función era,
básicamente, la de asesorar al dictador. Algunas de las primeras medidas de
Primo de Rivera, además de declarar el estado de guerra (vigente hasta 1925),
fue suspender la Constitución de 1876, la disolución del Parlamento y la
ilegalización de los partidos políticos y organizaciones obreras. Entre los
principales objetivos fijados estaban solucionar el conflicto con Marruecos,
recuperar el orden público y llevar a cabo una reforma político-administrativa
del Estado. Pocos días después del golpe de Estado surgían nuevas instituciones
como el Somatén, en septiembre, que se trataba de una milicia armada
formada por civiles que se creó en todas las provincias; la Unión Patriótica,
en noviembre, como partido único; y delegados gubernativos en cada
partido judicial.
Los
gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares, con amplias
competencias en el mantenimiento del orden público, al tiempo que surgieron los
delegados gubernativos, lo que denotaba el afán centralista del nuevo régimen.
El primer gobernador civil de la provincia de Badajoz fue el general de brigada
Alfredo Martínez Peralta, que ocupó el cargo entre el 15 de septiembre de 1923
y el 13 de abril de 1924, siendo sucedido por once gobernadores civiles hasta
enero de 1930. El que más tiempo desempeñó el puesto fue Luis Lossada Ortiz de
Zárate que se mantuvo durante un año y ocho meses. A nivel provincial se
nombraron tres delegados gubernativos a principios de diciembre, todos ellos
procedentes del Ejército: Almendralejo (Enrique Martínez Herranz); Mérida (Luis
Baeza Martínez) y Don Benito (Ramón Donoso-Cortés Navarro), este último era del
que dependía Guareña, por pertenecer a dicho partido judicial. El teniente
coronel de Infantería Ramón Donoso-Cortés, que consiguió recompensas por su
participación en la guerra de Cuba, pertenecía a una rica familia dombenitense
emparentada con el político Juan Donoso-Cortés.
Las
Diputaciones Provinciales vieron cómo los diputados eran removidos de sus
puestos, nombrándose diputados interinos a partir de enero de 1924. Los
Ayuntamientos, por su parte, fueron disueltos a finales de septiembre y en su
lugar se crearon Juntas de Vocales Asociados designados entre los mayores
contribuyentes de cada localidad. El marco jurídico que regía la vida de los
Ayuntamientos quedó fijado en el Estatuto Municipal, aprobado en marzo
de 1924, con la intención de llevar a cabo una renovación política. Todo
apuntaba al intento del dictador de acabar con el caciquismo aunque, como
sucedió en muchos lugares, lo que realmente se produjo fue la sustitución de
unas personas por otras, pero sin acabar de raíz con el secular sistema
clientelar. Y esto fue posible porque, aunque se aprobó el Estatuto
Municipal, realmente nunca llegó a aplicarse, por la sencilla razón de que
no se celebraron elecciones municipales.
A
nivel político Primo de Rivera aplicó una política represiva, con la
persecución de los anarquistas de la CNT, prohibición de la prensa obrera y la
declaración de ilegalidad de los comunistas del PCE. Se prohibieron las
manifestaciones y huelgas, con lo que desde el punto de vista estadístico se
produjo una reducción considerable de los conflictos laborales. Sin embargo, el
régimen autoritario implantado por el marqués de Estella ha sido visto hasta no
hace mucho tiempo con cierta benevolencia, seguramente, por algunos de los
hechos positivos que tuvieron lugar durante aquel periodo. Un tiempo, los
«felices años veinte», que se desarrolló en un contexto mundial de ciclo
económico expansionista que, en el caso español, trajo una mejora económica, el
fomento de las obras públicas, el final del conflicto marroquí y, de cara al
exterior, las fastuosas exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla de
1929, ya en el ocaso de la dictadura.
Entre
la legislación laboral y la política social llevada a cabo por el dictador en
esta primera etapa destacan la prohibición del trabajo nocturno de la mujer, la
puesta en marcha de tibias medidas asistenciales y ligeras mejoras en las
condiciones laborales. Fomentó la construcción de viviendas obreras en las
grandes ciudades y llevó a cabo una notable política de obras públicas que,
entre otras consecuencias, redujo el paro obrero. Algunas de estas medidas
concedieron a Primo de Rivera cierta popularidad, con lo que si en un principio
había planteado el Directorio como algo temporal, cambió en su planteamiento y
decidió continuar en el poder modificando su composición.
El 3 de
diciembre de 1925 el Directorio Militar fue sustituido por otro Civil,
presidido también por Primo de Rivera, compuesto por cuatro militares y siete
civiles. En este periodo el marqués de Estella abogó por la creación de un
partido único, la Unión Patriótica que, más que un partido, terminó
convirtiéndose en un grupo de presión sobre el Gobierno.
La
oposición política cuestionaba la falta de libertades y la censura. Los
republicanos se reorganizaron en torno a Alianza Republicana, llevando a cabo
una activa campaña de desprestigio de la dictadura primorriverista. La
oposición obrera, especialmente de los anarquistas de la CNT, consiguió gran
protagonismo y en 1927 constituyó la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El
PSOE, por su parte, comenzó un tibio acercamiento a las posiciones republicanas
que intentaban no sólo poner fin a la dictadura, sino sustituir la monarquía
alfonsina por un régimen republicano.
Primo
de Rivera también tuvo que hacer frente a algún movimiento de oposición en los
años centrales de su dictadura. A partir de 1926 se puso de manifiesto la
aparición de diversos intentos de derrocar al dictador. Así, por ejemplo,
tenemos el pronunciamiento militar de 1926, conocido como «sanjuanada» o la
huelga de universitarios de 1929.
La
crisis de 1929, con la devaluación de la peseta, la huida de capitales y el
déficit de la balanza de pagos, con terribles consecuencias para obreros y
campesinos, fue el escenario en el que el dictador decidió hacer una consulta a
los capitanes generales para saber si contaba con su apoyo. Primo de Rivera,
convencido de que se encontraba solo y que en el Ejército no había unidad
favorable a su figura, decidió presentar al rey su dimisión el 28 de enero de
1930, autoexiliándose en París. La dictadura de Primo de Rivera había
finalizado, eran tiempos de volver a la monarquía constitucional aunque, como
es sabido, la monarquía alfonsina se encontraba tremendamente debilitada y, es
probable, que una buena parte de la sociedad y de los partidos políticos
constitucionales no se habían olvidado del apoyo dado por el monarca al
dictador en 1923. El final de la monarquía de Alfonso XIII estaba cerca.
¿Qué
repercusiones tuvo el golpe de Estado y la dictadura de Primo de Rivera en
Guareña?
El Real Decreto
de 30 de septiembre de 1923, publicado en la Gaceta del día 1 de
octubre, anunciaba el cese de los alcaldes y concejales de los Ayuntamientos de
toda España que debían ser reemplazados por miembros de las Juntas de Vocales Asociados,
integradas por contribuyentes, de diferentes niveles, elegidos por sorteo. Al
día siguiente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz el
gobernador civil Martínez Peralta comunicaba la orden haciendo hincapié en la
necesidad de acabar con la «política partidista y caciquil» de los pueblos, a
esa a la que el dictador se refirió en alguna ocasión como «vieja política».
A partir de
este momento se debían reemplazar a los concejales electos por Vocales
Asociados en Guareña. En sesión extraordinaria
de 1 de octubre de 1923 el secretario del Ayuntamiento, Juan Durán Palomar, hacía
constar que a las once y media de la mañana de ese día se había personado en
las Casas Consistoriales el jefe de la Línea de la Guardia Civil de Guareña,
Manuel Guzmán Álvarez, quien le ordenó, en virtud de orden superior, que tenía
que citar por papeleta para las 16:00 horas a los concejales que en esos
momentos componían la Corporación y vocales de la Junta Municipal con el fin de
celebrar sesión extraordinaria para dar cumplimiento al citado Real Decreto de
30 de septiembre de 1923.
A
la hora fijada, el guardia civil ocupó la presidencia, asistiendo doce de los
catorce concejales, ya que faltaban el alcalde Carlos Amador Villa y Antonio
Angulo Carvajal. Estuvieron presentes: José María Mancha Lemus, Pedro Román
González, Pedro Retamar Olivas, Enrique Malfeito Cabrera, Juan Gutiérrez
Jiménez, Cándido Román Silos, Eduardo Cortés Villalobos, Eladio Bote Barrero,
Manuel Amador Villa, Juan Herrera Mancha, Francisco Cortés Retamar, Marco de
los Llanos Trabado y los vocales asociados Plácido González Garrido, Juan Jaque
Llanos, Francisco Pozo Solís, Alfonso Merino Lozano y Francisco Durán Mancha.
Siendo las 16:25 horas y no estando la totalidad de las personas por
encontrarse los restantes en sus ocupaciones agrícolas, el guardia civil
dispuso que se convocase nuevamente al Ayuntamiento y vocales asociados para
las 21:00 horas.
A
las 21:00 horas se reunían en el Ayuntamiento bajo la presidencia del jefe de
Línea de la Guardia Civil los concejales que componían el Ayuntamiento, a
excepción de Carlos Amador García, que estaba de viaje en Mérida, y Antonio
Angulo Carvajal que se encontraba en Granada, asistiendo también todos los
vocales asociados a excepción de Demetrio Cáceres Barrero que se encontraba
ausente del pueblo. Acto seguido el secretario leyó el artículo 1º del Real
Decreto del presidente del Directorio Militar por el cual se ordenaba que desde
el día de la publicación del citado Decreto cesaban en sus funciones,
finalizando su cometido, todos los concejales de los Ayuntamientos de España,
debiendo ser reemplazados interinamente por los vocales asociados. Por ello, el
jefe de Línea declaró posesionados en el cargo de concejales a los quince
vocales asociados, cesando en sus cargos y abandonando sus puestos los
concejales que componían la anterior Corporación, con lo que se daba por
finalizada la primera parte de la sesión.
A
continuación, constituido el Ayuntamiento con los nuevos concejales, se
procedió en votación secreta a la elección de alcalde-presidente, no sin hacer
constar previamente que entre los concejales no había ninguno que tuviera «título
profesional» ni que ejerciese «industria técnica o privilegiada», por lo que se
haría entre los mayores contribuyentes. Resultó elegido Demetrio Cáceres
Barrero, que se encontraba ausente, por doce votos contra uno que obtuvo
Plácido González Garrido y otro de Bernardino Nieto Llanos. Seguidamente se
procedió a la elección de tres tenientes de alcalde, resultando elegidos para
primer teniente de alcalde Plácido González Garrido por cinco votos contra tres
que obtuvo Casimiro Sosa García, dos Bernardino Nieto Llanos, dos Francisco
Pozo Solís, uno Juan Jaque Llanos y otro Francisco Durán Mancha. Para segundo
teniente de alcalde resultó elegido Casimiro Sosa García y para tercero Antonio
Sosa Rodríguez. Luego se procedió a la elección de regidor síndico, resultando
elegido Juan Jaque Llanos. Para síndico suplente se eligió a Severiano Robles
Román. Por último, se procedió a la elección de regidor interventor, resultando
elegido, después de varias votaciones de desempate, Francisco Durán Mancha,
aunque poco tiempo después, por incompatibilidad, al ser recaudador de
impuestos municipales, fue sustituido por Ildefonso Merino Lozano.
Cuadro 3. Primera Corporación de la dictadura de Primo de Rivera
|
Alcalde
|
Demetrio Cáceres Barrero
|
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Primer
teniente de alcalde
|
Plácido González Garrido
|
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Segundo
teniente de alcalde
|
Casimiro Sosa García
|
|
Tercer
teniente de alcalde
|
Antonio Sosa Rodríguez
|
|
Regidor
primero
|
Bernardino Nieto Llanos
|
|
Regidor
segundo
|
Severiano Robles Román
|
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Regidor
tercero
|
Juan Antonio Monago Palomar
|
|
Regidor
cuarto
|
Manuel Palma Serrano
|
|
Regidor
quinto
|
Ángel Carrasco Silos
|
|
Regidor sexto
|
Francisco Pozo Solís
|
|
Regidor
séptimo
|
Lucas Barrero Lozano
|
|
Regidor
octavo
|
Fermín Pérez Retamar
|
|
Regidor
noveno
|
Alfonso Merino Lozano
|
|
Regidor
décimo
|
Francisco Durán Mancha (interventor)
Sustituido por Ildefonso Merino
Lozano
|
|
Regidor
undécimo
|
Juan Jaque Llanos (síndico)
|
El nuevo alcalde, Demetrio Cáceres Barrero, era un destacado
propietario local. Había nacido el 22 de abril de 1879 en el domicilio familiar
de la calle Pajares número 9. Era hijo de Damián Cáceres Suárez de Figueroa,
natural de Villagonzalo, y de Juana Barrero Cortés, que lo era de Guareña, hija
de Nicolás Barrero y Damiana Cortés. Estaba casado con Concepción Godoy Suárez
de Figueroa, natural de Villagonzalo, en cuya localidad contrajeron matrimonio
el 21 de marzo de 1928.
Falleció el 13 de abril de 1931, a los 51 años, en su domicilio de la calle
Pajares.
En
el primer pleno celebrado por la Corporación se acordó que las sesiones
ordinarias, como hasta entonces, se celebrasen todos los domingos a las once de
la mañana, aunque a las pocas semanas se decidió trasladar las sesiones a las
21 horas de los sábados. Para una mejor organización acordaron dividir el
Ayuntamiento en siete secciones.
El 2 de octubre
de 1923 se celebró sesión plenaria en la que se llevó a cabo el reparto de las
distintas comisiones. De esta manera se puso en marcha el primer Ayuntamiento
primorriverista de Guareña, compuesto en su totalidad por vocales asociados de
la Junta Municipal de 1923. Hay que recordar que a través de la Junta de Vocales
Asociados los mayores contribuyentes podían ejercer su influencia en los
pueblos. Así que, si uno de los grandes objetivos de Primo de Rivera era acabar
con el caciquismo y las redes clientelares existentes, sobre todo, en las zonas
rurales, entendemos que con esta medida poco contribuyó a conseguir tal fin. Por
eso, algunos autores se han referido al hecho de que los nuevos Ayuntamientos
resultaron ser iguales a los viejos, ya que los vocales asociados formaban
parte de la misma clase social y económica que los cesados.
El
29 de diciembre de 1923 se trató de la petición hecha por el jefe de Línea del
cuartel de la Guardia Civil de Guareña solicitando mejoras en el edificio
porque no reunía las condiciones mínimas. Desde el Ayuntamiento se le contestó
diciendo que se habían invertido recientemente 500 pesetas en reformas y que en
estos momentos no estaban en condiciones de proporcionar otro edificio. Ya en
la sesión de 19 de agosto de ese mismo año la Corporación trató acerca de la
conveniencia de adquirir un edificio para casa-cuartel, para lo que acordaron
contactar con el dueño del edificio que en esos momentos ocupaba la Guardia
Civil ya que había mostrado interés en su enajenación.
Según
el Estatuto Municipal de 1924, en cada municipio debía constituirse una
Comisión de evaluación de la parte real del repartimiento y otra Comisión de la
parte personal. En el caso de Guareña, al existir dos parroquias, fue necesario
crear dos comisiones de la parte personal. La Comisión de la parte real del
repartimiento estaba formada por los tres mayores contribuyentes, domiciliados
en Guareña, de la contribución por riqueza rústica, urbana y por contribución
industrial y de comercio. Los vocales natos de las Comisiones de evaluación de
la parte personal eran el cura párroco; el primer contribuyente por riqueza
rústica; el primero por riqueza urbana y el primero por industrial y de
comercio que residieran en la localidad y en la respectiva parroquia. En el
verano de 1925 los vocales natos de la Comisión de evaluación de la parte real
del repartimiento eran los siguientes:
|
Mayores contribuyentes por la parte real
|
|
Antonia
Dorado Pizarro
|
Mayor contribuyente por rústica vecina
|
|
Carlos Solano
Adán de Yarza
|
Mayor contribuyente por rústica
foráneo
|
|
Elías Cortés
Donoso-Cortés
|
Mayor contribuyente por urbana
|
|
Luis Lozano
Reyes
|
Mayor contribuyente por industria
|
|
Mayores contribuyentes de la parte personal
|
|
Parroquia de
Santa María
|
|
Juan Manuel
Barrero Amador
|
Cura párroco
|
|
Lorenzo
Barrero Moreno
|
Mayor contribuyente por rústica
|
|
Miguel Cortés
Donoso
|
Mayor contribuyente por urbana
|
|
Antonio
Parejo Capilla
|
Mayor contribuyente por industria
|
|
Parroquia de
San Gregorio
|
|
Francisco
Ignacio Nieto Llanos
|
Cura párroco
|
|
Fernando
Pérez Mancha
|
Mayor contribuyente por rústica
|
|
Juliana Bote
Barrero
|
Mayor contribuyente por urbana
|
|
Marcial
Triguero Bravo
|
Mayor contribuyente por industria
|
Un aspecto
destacable de la «nueva política» local es que durante la dictadura de Primo de
Rivera podemos afirmar que la tierra se convirtió en la base del poder
económico, de ahí que los grandes propietarios y mayores contribuyentes
tuvieran un destacado papel en los Ayuntamientos. El criterio utilizado para
establecer quienes eran los mayores contribuyentes de Guareña se hacía
atendiendo a inmuebles, cultivo y ganadería. El día 1 de enero de todos los
años el Ayuntamiento debía formar y publicar las listas de las personas que
integraban la Corporación y de un número cuádruplo (en nuestro caso 64
personas) de vecinos de Guareña que pagasen mayor cuota de contribuciones, todo
ello con vistas a elegir compromisarios para Senadores con arreglo al art. 25
de la Ley Electoral de 8 de febrero de 1877.
El encargado de redactar el Estatuto
Municipal de 1924 fue José Calvo Sotelo, que en esos momentos estaba al frente
de la Dirección General de Administración Local. El Estatuto Municipal, que
entró en vigor el 8 de abril, debía regular los Ayuntamientos y entre otras
novedades estableció el derecho de voto de las mujeres cabeza de familia;
es decir, viudas y solteras emancipadas, aunque de poco sirvió, porque no llegó
a aplicarse, ya que no se celebraron elecciones y los concejales y alcaldes
fueron nombrados por los gobernadores civiles durante toda la dictadura.
A
mediados de 1925 se cambió el impuesto de Cédulas Personales que, en síntesis,
venían a financiar tanto a las Diputaciones Provinciales como a los
Ayuntamientos. La reforma llevada a cabo por Calvo Sotelo, contemplada en el
Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925, establecía tres tipos de tarifas: Tarifa
1ª. Por rentas del trabajo; Tarifa 2ª. Por contribuciones directas
y Tarifa 3ª. Alquileres de fincas que no se destinen a industria fabril
o comercial. Las Cédulas Personales debían servir durante la dictadura de Primo
de Rivera, aunque no se llegó a utilizar, como acreditación para poder votar. Estaban
sujetos al pago del impuesto de cédulas personales todos los españoles y
extranjeros domiciliados en España. Estaban exceptuados del impuesto los
«pobres de solemnidad», las religiosas de clausura, los penados mientras estén
recluidos y otros colectivos.
Entre
los principales proyectos municipales que se abordaron durante la dictadura de
Primo de Rivera podemos destacar los relacionados con la necesidad de mejorar
las condiciones de salubridad de la población; construcción del matadero;
mejora en la pavimentación de las calles; creación de grupos escolares,
construcción de un mercado de abastos y mejora del cuartel de la Guardia Civil,
entre otros.
A
principios de enero de 1924 se abordó en el pleno el arreglo del empedrado de
algunas calles, dando al mismo tiempo ocupación a los obreros. Acordó la
Corporación encargar al maestro de obras Victorino Cruz Durán que formase el
correspondiente proyecto y presupuesto para las calles siguientes: Plaza, trozo
desde la casa número 7 hasta la esquina de la calle Barberos; Calle San
Gregorio, la acera del sol en un ancho de dos metros hasta la primera esquina;
travesía que une las calles San Gregorio y Estacada y toda la calle Pajares.
A
las siete de la tarde del 24 de enero de 1924 se celebró sesión extraordinaria
del Ayuntamiento, presidida por el delegado gubernativo, que contó como
invitados con los representantes de las Juntas Locales de instrucción pública y
de sanidad.
El delegado gubernativo, Ramón Donoso-Cortés, expuso a la consideración de los
concejales las normas de conducta que en lo sucesivo debían de seguirse en el
municipio. Entre los asuntos tratados estaban los referidos con el caciquismo,
analfabetismo, saneamiento, vivienda y sanidad.
Respecto
al asunto del «caciquismo local», Donoso-Cortés afirmaba que había que
desterrar el caciquismo «soplete en mano», ya que lo considera como «origen de
tanto abuso y tantos males como ha acarreado a la Nación», pidiendo a los
concejales que cooperasen al aniquilamiento total del mismo, cumpliendo así con
lo que consideraba como un «deber de Patria» y regenerando de este modo a la «hidalga
raza española».
A
continuación se refirió el delegado gubernativo al asunto del elevado
analfabetismo que se registraba en la localidad, por lo que pidió a los
individuos de la Junta Local de Primera Enseñanza a que continuasen con su
labor en favor de disminuir ese problema, al tiempo que pedía al alcalde que
«con mano dura» obligase a los padres de familia para que sus hijos asistiesen
a las escuelas públicas. De esta manera consideraba el gobernador que así se
podría reducir «el estado de ignorancia en que se hallan sumidos la mayoría de
los pueblos». En este sentido el gobernador era consciente de que los locales
habilitados para escuelas públicas no eran los más apropiados, creía
conveniente que el Ayuntamiento estableciese nuevos grupos escolares.
Otro
de los temas a los que se refirió Ramón Donoso-Cortés fue el relacionado con el
saneamiento de las viviendas como medio eficaz para evitar las enfermedades
epidémicas. Por ello, recomendó mantenerlas en buenas condiciones de higiene.
Del mismo modo, se congratuló de que el Ayuntamiento hubiese cumplido con las
instrucciones que respecto a la sanidad y obras públicas habían dirigido
recientemente, insistiendo en la conveniencia de ver el medio de conducir el
agua potable a la población.
En
otro apartado de su intervención se refirió el delegado gubernativo al «vicio
vergonzoso» de la embriaguez, así como de la blasfemia, «que tan mal dicen de
los pueblos cultos». Por último, recomendaba como medio para evitar esos vicios
y como medio de distracción el restablecimiento del «juego de la barra,
tan español y tan conveniente al mejoramiento de la raza», decía.
Finalizó
su intervención invitando a los vecinos a que pusieran de su parte cuanto esté
a su alcance para hacer «Patria»; que haya altura de miras en todos sus actos y
que por parte de su autoridad serán acreditadas todas las resoluciones que
afectar puedan a este pueblo; ahora bien, considera inexorable con aquellos que
con su malevolencia traten de burlar la ley perjudicando los intereses locales
y dejándose de denuncias y pequeñeces las que habrá de tener en mente pero será
su norma constante hacer justicia que estrictamente aplicará.
En
enero de 1924 el general Severiano Martínez Anido, subsecretario de Gobernación
en esos momentos, mandaba a los gobernadores civiles y delegados gubernativos
unas instrucciones relacionadas con las personas que debían formar parte de las
Corporaciones locales entre las que podíamos leer: «personas de alto prestigio
social, de solvencia acreditada y a ser posible con título profesional, o en su
defecto, mayores contribuyentes». Sin embargo, el Ayuntamiento de Guareña
continuó desarrollando su labor y no se produjo ningún cambio hasta el 28 de
marzo, estando ya en vigor el Estatuto Municipal.
A las 16 horas del
día 28 de marzo de 1924 se reunían en el ayuntamiento, bajo la presidencia del
delegado gubernativo del partido, Ramón Donoso-Cortés Navarro, las siguientes
personas: Fernando Mancha Merino, Francisco Palomar Olivas, Cecilio López
Mateos, Jorge Monago Nieto, Lucas Barrero Lozano, Francisco Pozo Solís, Daniel
Valentín Molano González, Sergio Barrero Amador, Juan Francisco Mancha
González, Elías Cortés Donoso-Cortés, Salvador Mancha González, Antonio Parejo
Capilla, Fermín Pérez Retamar y Francisco Donoso Barrero, no asistiendo Juan
Manuel Retamar Moreno, que se encontraba fuera de la localidad. Se trataba de
sustituir el primer Ayuntamiento primorriverista de vocales asociados por otro
formado por personas que contaran con más «prestigio social», según se
contemplaba en la normativa fijada en el Estatuto Municipal.
El
delegado gubernativo declaró posesionados en el cargo de concejales para el que
habían sido nombrados por el gobernador civil de la provincia por Decreto de 26
de marzo, quedando destituida la anterior Corporación, de la que seguían los
concejales Francisco Pozo Solís, Lucas Barrero Lozano y Fermín Pérez Retamar. A
partir de ahora el protagonismo en la política local, la persona que iba a
encarnar la «nueva política», será el abogado y propietario Fernando Mancha
Merino, que ocupará la alcaldía durante casi seis años, hasta el 26 de febrero
de 1930 en que fue cesado por orden gubernativa, al tiempo que era designado
alcalde Juan Herrera Mancha. Poco después fue concejal en la última corporación
de la monarquía alfonsina presidida por José Barrero Cortés. El secretario del
Ayuntamiento durante todo este periodo siguió siendo Juan Durán Palomar.
La
Corporación aprobó que las sesiones ordinarias se celebrasen el lunes de cada
semana a las 21 horas. Por último, el delegado gubernativo se dirigió a los
concejales pidiéndoles que estuvieran al margen de las luchas políticas y que
trabajasen con celo por los intereses del pueblo. Finalizó su intervención
pidiendo al secretario que leyera las instrucciones recibidas referentes a
sanidad, instrucción pública y cuestiones sociales que en esos momentos
consideraban de especial importancia. El alcalde, por su parte, agradeció el
nombramiento, asegurando que podría en su desempeño el mayor interés.
Cuadro 5. Segunda Corporación de la dictadura de Primo de Rivera
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Alcalde
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Fernando Mancha Merino
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Primer
teniente de alcalde
|
Francisco Palomar Olivas
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Segundo
teniente de alcalde
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Francisco Donoso Barrero
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Tercer
teniente de alcalde
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Antonio Parejo Capilla
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Regidor
síndico
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Daniel V. Molano González
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Regidor
interventor
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Juan Manuel Retamar Moreno
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Regidor
|
Juan Fco. Mancha González
|
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Regidor
|
Sergio Barrero Amador
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Regidor
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Cecilio López Mateos
|
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Regidor
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Elías Cortés Donoso-Cortés
|
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Regidor
|
Francisco Pozo Solís
|
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Regidor
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Lucas Barrero Lozano
|
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Regidor
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Fermín Pérez Retamar
|
|
Regidor
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Salvador Mancha González
|
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Regidor
|
Jorge Monago Nieto
|
Sin que sepamos
los motivos, lo cierto es que una semana después de haberse constituido el
Ayuntamiento, el 5 de abril concretamente, tenía lugar una sesión
extraordinaria en la que el alcalde, Fernando Mancha Merino, explicaba que la
sesión se celebraba para dar posesión del cargo de alcalde a Elías Cortés
Donoso-Cortés y de concejales a Alfonso González Salguero, Juan Barea Pineda,
Pedro Salguero Lozano y Daniel González Rebollo, nombrados por el gobernador
civil, cesando a los concejales Daniel Valentín Molano González, Salvador
Mancha González, Juan Manuel Retamar Moreno y Francisco Pozo Solís; y, en
segundo lugar, para constituir el Ayuntamiento pleno y comisión permanente con
arreglo al nuevo Estatuto Municipal que había sido aprobado recientemente.
Tras
la lectura que hizo el secretario del oficio del gobernador civil, el alcalde
invitó a Elías Cortés para que ocupase su puesto, declarándolo en consecuencia
posesionado, como también a los cuatro concejales nombrados ya citados. Elías
Cortés manifestó que no aceptaba «de ninguna manera» el cargo para el que había
sido nombrado porque entendía que estaba dignamente representado en la persona
que lo ocupaba. Tres de los concejales designados por el gobernador (Alfonso
González Salguero, Juan Barea Pineda y Pedro Salguero Lozano) manifestaron que
habían dirigido escrito al gobernador civil renunciando al cargo y que en dicha
renuncia se ratificaban, negándose a tomar posesión. Daniel González Rebollo,
por su parte, manifestó que aceptaba el cargo, quedando por tanto posesionado.
Cecilio
López Mateos tomó la palabra para manifestar que había aceptado el cargo de
concejal porque suponía que habían desaparecido las luchas políticas anteriores
y que venían todos a este sitio a «laborar por la Patria y por el pueblo, pero
que suponiendo que lo sucedido con la destitución del actual alcalde y cuatro
concejales obedecía tal vez a manejos de algún cacique político, no estaba
dispuesto a laborar en este sentido y renunciaba al cargo de concejal,
protestando con energía de lo sucedido». Los concejales Francisco Palomar,
Francisco Donoso, Antonio Parejo, Juan Francisco Mancha, Lucas Barrero, Elías
Cortés y Fermín Pérez se adhirieron a lo dicho por López Mateos y manifestaron
que también renunciaban a sus cargos de concejales. Sergio Barrero, por su
parte, lamentó lo ocurrido y que aun cuando hubiera visto con gusto que hubiera
cesado un concejal para dar entrada a un representante del comercio, no estaba
conforme con lo hecho y renunciaba igualmente al cargo de concejal. Daniel Valentín
Molano dijo que protestaba por solidaridad con los compañeros destituidos por
no encontrar en la Orden de destitución motivo que justificase dicha medida. Fernando
Mancha, emocionado, dio las gracias a todos por sus manifestaciones y ofreció
colaborar decididamente con todos los señores que componían la Corporación,
manifestando que, al igual que ellos, renunciaba al cargo de concejal.
En
consecuencia, al no poder constituirse el Ayuntamiento por quedar solamente un
concejal que no había renunciado (Daniel González Rebollo), acordó la
Corporación dirigir un telegrama al gobernador civil poniendo a su disposición
los cargos para que les admitieran las renuncias y que nombrara a las personas
que hubiera de sustituirles. Todo este asunto coincidió con el cese del
gobernador civil y el nombramiento del comandante médico Agustín Van
Baumberghen Bardají para ocupar ese puesto, cuyo mandato se prolongó desde el
13 de abril hasta el 6 de diciembre de 1924. De este modo, poco después de que
tomara posesión del cargo tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento de
Guareña, que no celebró sesiones de pleno entre el 5 de abril y el 14 de mayo.
Efectivamente,
el 14 de mayo tuvo lugar la constitución del nuevo Ayuntamiento. La sesión,
presidida por el primer teniente de alcalde Francisco Palomar Olivas, comenzó
con el acto de toma de posesión de los concejales nombrados por el gobernador
civil con fecha 30 de abril.+
De esta manera, quedaba constituida la nueva Corporación en
la que repetían los mismos nombres que figuraban en la que había sido cesada el
mes anterior, a excepción de Francisco Pozo Solís. A
mediados de enero de 1925 se cubrieron dos vacantes existentes en la
Corporación con el nombramiento como concejales de Francisco Pozo Solís y Juan
Malfeito Quirós. Al día siguiente se aprobaron los nombramientos de las
personas que integrarían las seis comisiones de Hacienda, Fomento, Gobernación,
Sanidad y Beneficencia Social, Cultural y Abastos. Cada una de ellas estaría
formada por cuatro concejales y sus denominaciones nos ofrecen una idea
significativa de los servicios prestados por el Ayuntamiento. Por otro lado,
desde la aprobación del Estatuto Municipal, buena parte de los asuntos
ordinarios de la Corporación se trataban en la Comisión Municipal Permanente,
de manera que el Pleno quedaba para asuntos extraordinarios de mayor
importancia y para aprobar o no lo acordado en aquella. No obstante, en esta
primera etapa los plenos se celebraron con bastante regularidad, incluso en
días sucesivos, sin duda, fruto de la necesidad de regular muchos aspectos de
la vida municipal.
Fernando
Mancha Merino era abogado, propietario agrario y dueño de un molino de aceite. Había
nacido el 2 de septiembre de 1882 en el domicilio familiar de la calle Pajares,
número 13. Era hijo de Manuel Mancha Francés, natural de Guareña, y de Catalina
Merino Delgado, que lo era de Zarza de Alange (hoy La Zarza).
Viudo de Eugenia Carrasco Agudo, con quien se había casado el 2 de septiembre
de 1913 en Valverde de Mérida, contrajo segundas nupcias el 31 de enero de 1921
con su cuñada María Magdalena Carrasco Agudo en el oratorio de la
dehesa Chozo Blanco, dependiente de la parroquia de
San Sebastián de Don Benito.
Fernando Mancha y María Magdalena Carrasco tuvieron siete hijos: Fernando,
Diego, casado con Aurelia Hernández Prieto; Eugenia, con Fernando Hernández
Gil; María Antonia, casada con Martín Cabello de los Cobos Cortés; Manuel, con
María Dolores Cortés Lozano; Bernardo y Juan Luis, casado con María del Pilar
Moreno del Vado.
A mediados de mayo el alcalde, Fernando Mancha, prorrogaba
el presupuesto ordinario de 1923/1924 para los meses de abril, mayo y junio,
denominado «ejercicio trienal de 1924» y, por ello, estaba autorizado el 25% de
las cantidades presupuestadas para ingresos, así como los gastos. Hay que tener
en cuenta que el ejercicio económico iba de julio a junio del siguiente año. En
el pleno del 3 de junio se aprobó el nuevo presupuesto por importe de 98.500
pesetas. Como dato de interés, reproducimos a continuación las partidas de
ingresos y gastos que contenía dicho presupuesto para hacernos una idea de la dificultad
que se les presentaba a los regidores municipales llevar a cabo determinadas
obras y servicios. El proyecto de presupuesto, una vez aprobado en pleno por
mayoría absoluta, era expuesto al público por espacio de quince días; si no se
presentaba ninguna reclamación en ese tiempo, el acuerdo municipal era firme y
acto seguido se remitía al delegado de Hacienda de la provincia una copia
certificada del mismo.
Los
principales ingresos con los que contaba el Ayuntamiento procedían de los
impuestos y de los recursos propios, aunque como se observa en el siguiente
cuadro los recursos necesarios para cubrir el déficit eran muy elevados,
representando el 81,5% de los ingresos. Los pastos de los ejidos se arrendaban
anualmente en pública subasta, dando preferencia a los vecinos sobre los
forasteros en igualdad de condiciones. En la partida de gastos sobresalían los
capítulos dedicados a cargas y gastos del Ayuntamiento. Es llamativo también el
elevado gasto municipal dedicado al capítulo de beneficencia, muy cercano a
todo lo consignado para obras públicas. Por tanto, podemos decir que la
situación económica del Ayuntamiento de Guareña al inicio de la dictadura
primorriverista era poco favorable, de tal manera que los servicios que podía
prestar eran muy limitados. Quizá, por ello, se decidió en pleno suprimir el
sueldo del depositario y que dicho cargo lo ejerciera sin retribución el
concejal Juan Francisco Mancha González. La plantilla de la secretaría del
Ayuntamiento en esos momentos estaba formada por las siguientes personas:
Julián Blázquez Blázquez (oficial mayor), Francisco Calero Caro (oficial
primero), Bonifacio Galán Mendoza (oficial segundo) y Antonio Mancha González
(escribiente).
Antes de la
construcción del actual mercado de abastos existía un local que ejercía dicha
función en la Plaza Vieja, aunque desde hacía mucho tiempo se venía reclamando
la necesidad de construir una plaza mercado que reuniera mejores condiciones. En
la sesión de 1 de octubre de 1924 el alcalde exponía la urgente necesidad de
construir dicha plaza mercado por ser «deficientísima y antihigiénica» la forma
en que en esos momentos estaba ese servicio. La Corporación acordó encomendar
al maestro de obras Victorino Cruz Durán la formación del presupuesto y el pliego
de condiciones para su construcción en la Plaza de San Gregorio, tomando
también la casa de Miguel Barrero Moreno para no quitar amplitud a dicha plaza,
se dijo. En enero de 1925 la Corporación aprobaba el presupuesto elaborado por
Victorino Cruz y a mediados del mes siguiente se publicaba en el BOP el
anuncio de su construcción.
Pocas semanas más tarde la Corporación acordó designar al
arquitecto provincial Francisco Vaca Morales (1891-1969) para que elaborase el
proyecto de construcción de la plaza mercado. Para ello, la Corporación elaboró
un presupuesto extraordinario para tal fin que se obtendría por tres vías
diferentes: en primer lugar, con 14.000 pesetas obtenidas de la venta de 28
obligaciones de la Compañía de Ferrocarriles; en segundo lugar, con 15.000
pesetas sobrantes del presupuesto del ejercicio trimestral de 1924 y, en último
lugar, con la emisión de un empréstito de 25.000 pesetas con la Caja Rural de
Guareña, a pagar en seis años, al 6,5% de interés anual, garantizado con una
hipoteca sobre la casa situada en la calle Pajares número 26 que el
Ayuntamiento adquiría para construir en el solar y parte de la Plaza de San
Gregorio el mercado municipal. Finalmente, la casa fue comprada a Miguel
Barrero Moreno por la cantidad de 15.000 pesetas.
Sin
embargo, pocos días más tarde se conoció un oficio enviado por el director
general de la Compañía del Ferrocarril MZA notificando lo ganado con las 41
obligaciones del Ayuntamiento. El alcalde propuso que las 20.500 pesetas que
importaban las obligaciones amortizadas se destinasen a la construcción del
mercado municipal, de tal manera que no hubiese que hacer uso del préstamo de
25.000 pesetas que se había pensado solicitar. Aprobada la propuesta por
unanimidad.
A mediados de
diciembre de 1925 el contratista de las obras del mercado municipal, Julián
Sánchez González, ponía en conocimiento del Ayuntamiento que sería beneficioso
introducir como mejora la sustitución de la bóveda proyectada para el sótano
por un techo plano de bovedillas sobre viguetas de hierro, cuyo coste sería de
250 pesetas. Un nuevo suplemento de crédito propuesto por el arquitecto
Francisco Vaca para colocar una marquesina volada en el mercado municipal, cuyo
importe ascendía a 6.100 pesetas, fue aprobado por unanimidad a finales de mayo
de 1926. En febrero de 1927 ya se había inaugurado la plaza de abastos.
En la sesión del día 19 de enero de 1925 el Ayuntamiento
acordó nombrar al rey Alfonso XIII y a Victoria Eugenia alcaldes honorarios de
Guareña. Un año después, el 23 de enero de 1926, la Corporación declaró hijos
adoptivos a Miguel Primo de Rivera y al general Luis Losada Ortiz de Zárate,
gobernador civil de la provincia de Badajoz. Pero no serán los únicos
personajes distinguidos, ya que la Corporación también mostró su agradecimiento
a personas relacionadas con el ámbito local. Así, el 20 de enero de 1925 el
alcalde exponía en el pleno las cualidades de «aquel hombre tan bueno que se
llamó D. Diego López Otero, Maestro Nacional durante muchos años de esta
localidad». Entendía Fernando Mancha que era un deber de la Corporación honrar
a «sus muertos ilustres», por lo que proponía, y así lo aprobó el pleno, que se
diese a la calle en donde vivió este maestro el nombre de D. Diego López para
perpetuar su memoria.
De este modo, la calle Llanos quedó dividida en tres tramos, siendo la calle D.
Diego López el primer tramo, que comprendía desde la casa de Adelardo Mancha
hasta la de Emiliano Mancha Llanos en los números impares; y desde la casa de
Fabián Lozano Reyes a la de Francisco Borrallo Barrero en los números pares. El
segundo tramo se llamaría calle Espronceda y, el tercero, calle Llanos.
Unos
meses más tarde, con motivo de la finalización del conflicto que España
mantenía con Marruecos desde principios de siglo, la Corporación elevaba por
conducto del gobernador civil de la provincia sus felicitaciones al Gobierno y
tropas de Marruecos «por las felices operaciones realizadas que han dado por
resultado la sumisión del cabecilla rebelde y la pacificación de aquella zona».
Se referían, claro está, al fin de la guerra del Rif, que desde 1909 mantenía
España con las tribus rifeñas, tras el éxito militar que supuso el desembarco
en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 y la captura del «cabecilla
rebelde» Abd el-Krim.
Y
dos años después, el 18 de febrero de 1927, el alcalde, haciendo alusión a la
visita que hicieron a Guareña con motivo de la inauguración de la plaza de
abastos Matías Huelin Müller (gobernador civil de la provincia), Sebastián
García Guerrero (presidente de la Diputación Provincial) y Antonio del Solar y
Taboada (alcalde de Badajoz), entre otras personalidades, comentó que surgió la
idea de honrar la figura de Luis Chamizo, expresando la siguiente idea:
…de manera perdurable a nuestro querido paisano el insigne
poeta, el cantor extremeño, honra de este pueblo que le vio nacer y figura
preeminente de la literatura contemporánea, Luis Chamizo, el cariño y
admiración que por él sentimos, todos sus paisanos y amigos; cuyo testimonio
bien pudiera ser dar su nombre a la calle de este pueblo en donde nació y
costear la lápida por suscripción popular, nombrándole además hijo predilecto
de Guareña.
La Corporación,
abundando en la idea expuesta por el alcalde, acordó por unanimidad nombrar
hijo predilecto a Luis Chamizo Triguero y dar el nombre de Luis Chamizo a la
calle Llanos, costeando la lápida por suscripción popular.
En
diciembre de 1925 el alcalde informaba de las conversaciones mantenidas con el
director del Banco de Crédito Local de cara a la concesión por aquella entidad
al Ayuntamiento de un préstamo de 500.000 pesetas destinado a la construcción
de uno o dos grupos escolares, terminar el matadero municipal y el resto,
decía, para acerados y pavimentación de calles «de que tan necesitada está esta
población».
Sin embargo, pocos días más tarde se recibió una comunicación en el
Ayuntamiento desde la citada entidad afirmando que estaba prohibida la
concesión de préstamos cuya anualidad, sumada la amortización y los intereses,
excediese del 25% de los ingresos de la entidad prestataria. Teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento tenía unos ingresos de 100.000 pesetas y calculando que
pudiese pagar una anualidad de 24.563,30 pesetas durante cincuenta años,
obtendría del banco la suma de 350.000 pesetas, que era la cantidad máxima que
podría ponerse a disposición de la Corporación.
Habrá
que esperar hasta febrero de 1927, fecha en la que el Banco de Crédito Local
concedía al Ayuntamiento de Guareña un crédito por importe de 340.000 pesetas.
La Corporación deliberó acerca del destino que iban a dar a ese dinero y, por
unanimidad, se propuso la construcción de un edificio destinado a escuelas
graduadas con tres secciones para cada sexo en el sitio de San Ginés «a la
entrada del pueblo»; otro edificio para escuelas con seis secciones para niños
y tres para niñas en la «cerca de San Gregorio» y travesía de Salsipuedes;
reforma del ayuntamiento para instalar las oficinas municipales y el Juzgado en
la primera planta, mientras que el piso inferior se destinaría para albergar
las oficinas de correos, telégrafos y teléfono. El dinero restante consideraba
la Corporación que debía destinarse a la construcción de acerados y
pavimentación de calles.
Se
designó para formar los proyectos y presupuestos de las obras al arquitecto
madrileño Alberto López de Asiaín, quien presentó en el pleno celebrado el 13
de abril de 1927 los proyectos, presupuestos y condiciones facultativas para
construir, mediante subasta, dos grupos escolares, reforma de la Casa
Consistorial, acerados y pavimentación de calles. La Corporación dio el visto
bueno. El 30 de noviembre de 1927 se celebró subasta pública.
Una de las
mayores preocupaciones de las autoridades locales era mejorar la educación
pública con la construcción de nuevas escuelas. La necesidad de escuelas
públicas en Guareña era una realidad. Ya en la última Corporación de la
monarquía previa al golpe de Estado, presidida por Carlos Amador García, se
trató acerca de la necesidad de construir dos edificios para escuelas
graduadas, con seis grados cada una, por la deficiencia que presentaban los
locales que en ese momento los ocupaban. Sin embargo, habrá que esperar hasta
finales de noviembre de 1924, siendo alcalde Fernando Mancha Merino, cuando la
comisión permanente del Ayuntamiento acordaba la creación de dos
edificios-escuelas graduadas para niños y otras dos para niñas, así como una de
párvulos. Desde el Ayuntamiento se comprometían a facilitar locales, material y
casa habitación para los maestros. Se acordó solicitar una subvención al
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la construcción de las
referidas escuelas graduadas. Parece ser que el grupo escolar graduado formado
por tres secciones para cada sexo fue durante la dictadura de Primo de Rivera
el modelo más utilizado. La escuela contaría con tres grados (elemental, medio
y superior).
Podemos
decir que, a partir de 1923, es cuando comenzó en España la construcción de la
red de escuelas públicas que hasta entonces dependían de los Ayuntamientos,
como también el pago de los alquileres de las casas de los maestros que se
alquilaban a propietarios particulares. Entre las competencias que los alcaldes
tenían en materia de enseñanza estaba, además de dotar de locales adecuados,
vigilar la asistencia a la escuela de los niños. Hasta la construcción de los
dos grupos escolares había cuatro escuelas públicas en la localidad en las que
se impartían clases de adultos.
Para
la construcción del grupo escolar de «San Gregorio» el alcalde hizo las
gestiones oportunas con los propietarios de dos solares existentes en el lugar
donde se pretendía levantar el edificio, que se ubicaba en el cruce de la calle
San Gregorio con travesía de Salsipuedes (hoy Travesía de San Gregorio). El
solar de la conocida como «cerca de San Gregorio» era propiedad de Antonia
Dorado Pizarro, a quien el Ayuntamiento compró una parte a razón de 2 pesetas/m2.
Otro solar colindante, propiedad de Isabel Monago García y Rafael Rodríguez
Monago, fue adquirido por el Ayuntamiento por el precio de 1.750 pesetas.
El Estatuto
Municipal de 1924 contemplaba, dentro de la política presupuestaria del
Ayuntamiento, la posibilidad de adquirir el régimen de «Carta Municipal», por
la que se podía «adoptar una organización peculiar y acomodada a las
necesidades y circunstancias especiales de su vecindario». La Corporación de
Guareña intentó que le fuera aprobada una, pero fue rechazada por el Consejo de
Estado alegando cuestiones relacionadas con el impuesto de pesas y medidas, así
como con el intento de crear nuevos impuestos para hacer frente a la crisis
obrera. Así, a primeros de mayo de 1926 se leyó en el Ayuntamiento una Real
Orden relativa a la solicitud hecha por la Corporación.
Tras la
oportuna discusión de este asunto por los concejales, después de lamentar que
no se concediese a Guareña lo que consideraban beneficioso para el pueblo, y a
pesar de habérsele concedido a la localidad gaditana de Medina Sidonia, entre
otras, con informe favorable del Consejo de Estado, puesto que la Carta
Municipal de aquella población era idéntica a la presentada por el Ayuntamiento
de Guareña. Acordaron los corporativos que la comisión de Hacienda revisase dicha
Carta y se eliminase todo lo referente al impuesto de pesas y medidas y
repartimiento general para redactarla de nuevo y puesta por espacio de treinta
días a los vecinos para su aprobación. La nueva Carta Municipal fue aprobada en
pleno del 19 de junio y elevada al ministro de la Gobernación por conducto del
gobernador civil de la provincia. No sabemos si, finalmente, le fue aprobada la
Carta, aunque dada la ausencia de noticias creemos que no fue así.
A
finales de mayo de 1926 la empresa vasca «Auzumarriz y Compañía», de San
Sebastián, anunciaba su inminente llegada a Guareña para hacer un estudio
detallado acerca de la conducción de aguas a la localidad. No obstante, habrá
que esperar bastantes años para ver hecho realidad este proyecto que, como
sabemos, fue uno de los grandes objetivos durante la Segunda República.
Sí
fue una realidad la puesta en funcionamiento del servicio telefónico. En abril
de 1927 visitó la localidad el administrador de zona de la Compañía Telefónica
Nacional de España con el objetivo de instalar «con urgencia» en Guareña el
teléfono interurbano y urbano, solicitando al Ayuntamiento algunas facilidades
consistentes en el abono de un número de jornales, así como una casa para la
telefonista durante diez años, a lo que la Corporación accedió. El 22 de
noviembre de ese mismo año quedaba inaugurada la Central Telefónica de Guareña,
acto que contó con la asistencia de las autoridades locales y el cura párroco. Por
esas mismas fechas también se habían inaugurado la reforma del cuartel de la
Guardia Civil y el mercado de abastos.
El
4 de abril de 1928 se inauguró la nueva sucursal del Banco Español de Crédito
en la calle Cuatro Esquinas, siendo su director Gonzalo Novillo-Fertrell. Hay
que recordar que desde 1908 contaba Guareña con la Caja Rural de Ahorros y
Préstamos, una entidad cuyas oficinas se localizaban en la planta baja del
ayuntamiento y que tanta importancia tuvo, sobre todo, para los más humildes al
facilitar préstamos y anticipos a los pequeños labradores.
En
un pleno celebrado a mediados de julio de 1928 la Corporación trató acerca de
la exhumación y traslado de los cuerpos que aún permanecían en el viejo
cementerio que, como se recordará, había sido clausurado el 14 de septiembre de
1908. Como en septiembre de 1928 se cumplían los veinte años exigidos por la
normativa para la exhumación de cuerpos, desde el Ayuntamiento se daba un plazo
de noventa días a los vecinos para la exhumación y traslado de los restos
mortales de sus deudos al cementerio nuevo denominado «Santísimo Cristo de las
Aguas».
El
maestro y periodista Tomás Rabanal Brito, natural de Guareña, publicó un
artículo en el Correo de la Mañana a mediados de agosto de 1928 titulado
Una visita a Guareña, que nos resulta de gran utilidad para conocer las
impresiones que dicho viaje «a las tierras pardas del poeta Chamizo» le
produjeron. Lo primero que destacó fue el estado de abandono de la estación del
tren, donde no existía sala de espera, por lo que entendía que el pueblo, con
el apoyo del Ayuntamiento, debía reclamar mejoras para resolver lo que
considera un problema importante. Precisamente, unos meses antes, desde el
Ayuntamiento se había solicitado a la Compañía de Ferrocarriles la construcción
de una sala de espera en la estación, provista de calefacción, donde pudieran
los viajeros esperar la llegada de los trenes. Al mismo tiempo, consideraban
que era una necesidad urgente la ampliación del arcén. Del pueblo destacó Rabanal
Brito la «magnífica» plaza de abastos, cuartel de la Guardia Civil y la
construcción que en esos momentos se estaba llevando a cabo de los grupos
escolares y la reciente reforma del casino. Se refirió a las calles asfaltadas
que ya había, así como a los proyectos de crear un parque y un teatro.
Pocos
días más tarde, precisamente ese mismo periódico en el número correspondiente
al día 13 de septiembre de 1928, cinco años después del golpe de Estado de
Primo de Rivera, dedicó un monográfico de cuarenta y seis páginas a destacar la
labor realizada en los pueblos de la provincia de Badajoz durante ese periodo.
En el caso de Guareña, figuraba el siguiente titular: «Con un presupuesto de
200.000 pesetas se está haciendo la construcción de dos Grupos escolares, con
seis secciones cada uno».
En una breve nota el Ayuntamiento destacaba la labor que se había hecho en la
localidad en los últimos cuatro años, entre los que citaba la construcción de
una plaza de abastos por importe de 65.000 pesetas. También destacaba la
inversión, por valor de 147.000 pesetas, de las reformas llevadas a cabo en el
cuartel de la Guardia Civil, así como la pavimentación de algunas calles. Y
finalizaba la noticia con referencias a los dos grupos escolares que se estaban
construyendo en esos momentos, con un presupuesto de 200.000 pesetas, para lo
que contaban con una subvención del Estado por valor de 120.000 pesetas.
En
mayo de 1929 los obreros agrícolas en paro solicitaban al alcalde trabajo. Las
causas estaban relacionadas con el excesivo número de máquinas segadoras que en
esos momentos se utilizaban. Era la primera vez que en plena cosecha los
obreros no tenían trabajo. El jornal de la siega estaba fijado en 5 pesetas y,
para hacernos una idea de lo que suponía, un pan costaba 60 céntimos. Desde
este año y durante toda la Segunda República, las tensiones entre propietarios
y obreros fueron creciendo, a pesar de las medidas tomadas desde el
Ayuntamiento para mitigar el excesivo paro obrero, entre las que estaban la
realización de obras públicas y el «reparto obrero» entre los mayores
propietarios. Hay que recordar que cuando finaliza la dictadura de Primo de
Rivera el contexto económico distaba bastante de lo que habían sido los
«felices años veinte». La Guareña de principios de los años treinta del siglo
pasado era una localidad compuesta, en su mayoría, por jornaleros que vivían en
unas condiciones precarias. En el lado opuesto, un reducido número de cuarenta
propietarios foráneos reunían en sus manos casi 13.000 ha de las 22.278 ha que
tenía el término.
Durante la
dictadura de Primo de Rivera el gasto público aumentó, así como los ingresos
municipales, sobre todo por un incremento de la presión fiscal. Es interesante
analizar cómo se concretó el gasto público a lo largo de este periodo. No hay
que olvidar que la obra pública se convirtió en uno de los referentes
económicos del régimen. El análisis comparado de los presupuestos, en este caso
los correspondientes a los años 1927 y 1930, nos da una idea bastante
aproximada de las prioridades que tenía la Corporación y en qué partidas se
concretó el gasto público y de dónde procedían los ingresos.
Una de las
últimas actuaciones de la Corporación municipal de la dictadura presidida por
Fernando Mancha estuvo relacionada con la reforma del ayuntamiento. Tras la
muerte de Antonia Dorado Pizarro en 1927, viuda y sin hijos, los albaceas
testamentarios comunicaron al alcalde su decisión de vender al Ayuntamiento la
casa colindante por la izquierda en precio de 8.000 pesetas. En el proyecto de
reforma del ayuntamiento, formado por el arquitecto Alberto López de Asiaín, ya
se propuso la expropiación de la citada casa con objeto de dar luz al edificio
de la Casa Consistorial por la fachada del lateral de la izquierda. La
Corporación acordó aceptar el precio fijado y utilizar las 7.500 pesetas
obtenidas de las quince obligaciones que el Ayuntamiento poseía de la Compañía
de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) para hacer frente a parte del
gasto de adquisición de la citada casa. La reforma finalizó en enero de 1931
por la empresa «Sociedad Constructora Madrileña» y según la certificación final
de las obras dada por el arquitecto supuso una inversión de 140.793 pesetas,
cuantía muy superior a las 49.745 pesetas en que fue adjudicada la obra, como
consecuencia de haberse realizado una reforma mayor a la proyectada
inicialmente. En la foto se aprecia la casa colindante, en cuyo balcón se
agolpa un grupo de mujeres, que es la que el Ayuntamiento acordó comprar en
diciembre de 1929.
Acercándonos al
final de la dictadura, vamos a referirnos a los cambios que se produjeron en la
Corporación municipal. El Estatuto Municipal de 1924 preveía que los
Ayuntamientos se constituyeran a partir de las elecciones, sin embargo, como no
se celebraron durante la dictadura ningún proceso electoral, todas las
designaciones de la Corporación municipal fueron por decisión gubernativa, tal
y como hemos visto. Pues bien, tras la dimisión de Primo de Rivera, el
Ministerio de la Gobernación entendía que había que cambiar las cosas «para ir
marchando hacia una normalidad perfecta», con lo que se hacía necesario aprobar
un régimen provisional. El Gobierno decidió en esos momentos que la mejor
fórmula era la de constituir los nuevos Ayuntamientos con «personas de
solvencia, de prestigio y hasta de cierta tradición democrática por su antiguo
nombramiento», por lo que la mejor solución, a su juicio, era asociar mayores
contribuyentes del término y concejales que antes de 1923 hubieran desempeñado
el cargo en virtud de sufragio popular, priorizando entre los concejales que
hubieran obtenido mayor número de votos. Dentro de cada distrito municipal se consignarían
los nombres de los que hubieran sido concejales, ordenados por orden
decreciente de votos.
El
Real Decreto de 15 de febrero de 1930, que regulaba el proceso de constitución
de los nuevos Ayuntamientos, estipulaba que el día 25 de ese mes cesarían en
sus funciones todos los alcaldes, tenientes de alcalde y concejales de los
Ayuntamientos de España. La mitad de los concejales se atribuirán a los mayores
contribuyentes; los demás concejales se atribuirán a las personas que
obtuvieron mayor número de votos en los diferentes distritos desde las
elecciones de 1917. Todos los concejales debían ser mayores de 25 años y
vecinos residentes en el municipio. De esta forma, se llegaba al final del
mandato de Fernando Mancha Merino, aunque como veremos, siguió formando parte
de la Corporación como concejal al tratarse de uno de los mayores
contribuyentes de la localidad.
El
26 de febrero de 1930, en sesión extraordinaria, tuvo lugar el cese de la
Corporación presidida por Fernando Mancha Merino y el nombramiento de una nueva
siguiendo el decreto antes citado. Como mayores contribuyentes figuraban
Lorenzo Barrero Moreno, Elías Cortés Donoso-Cortés, José Barrero Cortés, Miguel
Cortés Donoso, Francisco Retamar Pizarro, Joaquín Murillo Pizarro, Fernando
Mancha Merino y Luis Lozano Reyes. Entre los exconcejales figuraban las
siguientes personas: por el distrito 1º, Juan Herrera Mancha, Enrique Malfeito
Cabrera y Pedro Román González; por el distrito 2º, Ángel Álvarez Mancha, Pedro
Retamar Olivas e Hipólito Cortés Lemus; finalmente, por el distrito 3º
figuraban Manuel Amador Villa y Juan Barrero Moreno.
Cuadro 8. Última Corporación
de la dictadura de Primo de Rivera
|
Alcalde
|
Fernando Mancha Merino
|
|
Primer
teniente de alcalde
|
Francisco Palomar Olivas
|
|
Segundo
teniente de alcalde
|
Francisco Donoso Barrero
|
|
Tercer
teniente de alcalde
|
Antonio Parejo Capilla
|
|
Concejal
|
Juan Francisco Mancha González
|
|
Concejal
|
Cecilio López Mateos
|
|
Concejal
|
Elías Cortés Donoso-Cortés
|
|
Concejal
|
Francisco Pozo Solís
|
|
Concejal
|
Lucas Barrero Lozano
|
|
Concejal
|
Juan Malfeitos Quirós
|
|
Concejal
|
Fermín Pérez Retamar
|
|
Concejal
|
Salvador Mancha González
|
|
Concejal
|
Juan Manuel Retamar Moreno
|
|
Concejal
|
Federico Mancha Cortés
|
|
Concejal
|
Elías Retamar Olivas
|
|
Concejal
|
Juan Cortés Amador
|
En su
despedida, Fernando Mancha mostró su agradecimiento a la Corporación que cesaba
por la «cooperación entusiasta y decidida que ha prestado durante el largo
periodo de su gestión» y saludó cariñosamente a los concejales que entraban a
constituir la nueva Corporación, «cuya labor confiaba de ser fructífera por la
reconocida competencia de todos y los declaró posesionados en sus cargos». Acto
seguido, invitó a Juan Herrera Mancha, como concejal de mayor edad, a ocupar la
presidencia, abandonando el salón, seguido de los concejales cesados. No
estuvieron presentes en el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento Fernando
Mancha Merino, Ángel Álvarez Mancha, Pedro Retamar Olivas y Manuel Amador
Villa.
De
forma provisional, desde el Ministerio de la Gobernación se ordenó que se
encargasen de la alcaldía y tenencias de alcaldía los concejales de mayor edad
en pueblos de más de 5.000 habitantes. Por ese motivo, fueron nombrados,
siguiendo el orden de edad para tenientes de alcalde: primero, Enrique Malfeito
Cabrera; segundo, Pedro Román González y, tercero, Hipólito Cortés Lemus. Al
día siguiente, 27 de febrero, se celebró sesión extraordinaria donde acordaron
fijar seis comisiones permanentes: Hacienda, Fomento, Gobernación, Sanidad y
Beneficencia, Social y Cultura y Abastos, integradas cada una por tres
concejales. Finalizó la sesión con la propuesta de Pedro Román, que fue
aprobada por unanimidad, de que constase en acta su disgusto por no haberse
posesionado el concejal Fernando Mancha Merino, alegando incompatibilidad de
orden moral por haber presidido durante varios años la anterior Corporación,
«cuya gestión todos aplauden, privando a la actual de su valioso concurso».
Pocas
semanas habían pasado cuando, el 26 de marzo, la Corporación municipal celebró
sesión extraordinaria en la que, entre otros asuntos, se examinó la renuncia al
acta de concejal presentada por Fernando Mancha, alegando haber sido alcalde
durante seis años y, además, por la necesidad que tenía de «atender a su
quebrantada salud, que le obliga a pasar largas temporadas fuera de la
localidad». La Corporación, en el informe preceptivo que envió al gobernador
civil, recogió que la incapacidad que alegaba Mancha Merino no estaba
comprendida entre las relacionadas en el Estatuto Municipal y que, por otra
parte, teniendo en cuenta que su gestión como alcalde había sido beneficiosa
para el vecindario, consideraba que no debía serle admitida dicha renuncia.
También se examinó la renuncia presentada por el concejal Pedro Retamar Olivas,
fundada en incompatibilidad por ejercer de juez municipal, que no le fue
admitida por cuanto había cesado en el cargo a primeros del mes de marzo.
El
19 de abril la Corporación municipal es removida y se producen nuevos
nombramientos decretados desde el Ministerio de la Gobernación. Según la
normativa, en los pueblos mayores de 5.000 habitantes el nombramiento de
alcalde correspondía al Gobierno, pudiendo designar a cualquier vecino
residente, aunque no formase parte de la Corporación municipal. El nombramiento
de los tenientes de alcalde también correspondía al Gobierno, aunque en este
caso era necesario que se tratara de personas que formaban parte del
Ayuntamiento. A partir de este momento José Barrero Cortés se convierte en el
nuevo alcalde, mientras que los tenientes de alcalde, por este orden, fueron:
Juan Barrero Moreno, Hipólito Cortés Lemus y Francisco Retamar Pizarro. Además,
la dimisión de Fernando Mancha no fue aceptada por el gobernador civil, de tal
manera que se incorporó como concejal en la sesión celebrada el 21 de octubre
de 1930. En su primera intervención José Barrero expuso su compromiso con el
cargo, manifestando que: «por azares de la vida y convicciones ideológicas
viene a ocupar este puesto gustoso porque entiende que todo ciudadano tiene el
deber de cooperar al bien de la comunidad; que viene al Ayuntamiento a que el
orden y la propiedad sean respetados y a laborar por su pueblo».
Finalizó su intervención pidiendo un voto de gracias para la
Corporación que había actuado durante la dictadura porque entendía que obraron
como buenos ciudadanos. La última Corporación de la monarquía de Alfonso XIII,
previa a la proclamación de la Segunda República estaba formada por las
siguientes personas: José Barrero Cortés (alcalde), Juan Barrero Moreno (primer
teniente de alcalde), Hipólito Cortés Lemus (segundo teniente), Francisco
Retamar Pizarro (tercer teniente) y los concejales Lorenzo Barrero Moreno,
Elías Cortés Donoso-Cortés, Joaquín Murillo Pizarro, Fernando Mancha Merino,
Luis Lozano Reyes, Juan Gómez Cañada, Juan Herrera Mancha, Enrique Malfeito
Cabrera, Pedro Román González, Ángel Álvarez Mancha, Pedro Retamar Olivas y
Manuel Amador Villa.
En el plano
político podemos concluir que la llegada de nuevas personas al Ayuntamiento no
conllevó la desaparición de la «vieja política», pero es evidente que desde el
Ayuntamiento de Guareña se promovieron políticas de inversión y mejoras que se
llevaron a cabo, fundamentalmente, mediante la apelación al crédito como medio
necesario para financiar las obras y servicios.
En el plano
económico, fruto de esa política de obras, asistimos a un elevado gasto
público. En el plano urbanístico se registró un interesante programa de obras
públicas que mejoraron la infraestructura de servicios y educativa de la
localidad: matadero, mercado de abastos, grupos escolares, cuartel de la
Guardia Civil, ayuntamiento, aceras y pavimentación de calles. En materia de
servicios contamos con la instalación de una sucursal del Banco Español de
Crédito, así como la puesta en funcionamiento del servicio telefónico.
Todas estas realizaciones fueron
proyectadas a iniciativa de las personas que formaron parte de las distintas
Corporaciones municipales. Algunos de ellos, desgraciadamente, sufrirán
la violencia republicana pocas semanas después del inicio de la Guerra Civil.
Así, por ejemplo, entre las víctimas encontramos a los alcaldes Carlos Amador
García o Fernando Mancha Merino; concejales como Francisco Durán Mancha,
Francisco Palomar Olivas, Juan Manuel Retamar Moreno, Cecilio López Mateos,
Elías Cortés Donoso-Cortés o Federico Mancha Cortés, así como el secretario del
Ayuntamiento Juan Durán Palomar. La violencia, de doble signo, que llenó de
sangre las calles de Guareña durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra
es un capítulo doloroso de nuestra historia que jamás se debió haber producido.
